Categoría: Derecho Penal

En nuestro apartado de artículos sobre Derecho Penal, podrá encontrar contenido escrito por nuestros abogados penalistas. Nuestros artículos sobre Derecho Penal y Penitenciario ofrecen respuestas útiles tanto a preguntas sencillas como a las cuestiones más técnicas que cualquier especialista en materia penal deba resolver.

Derecho Penal para todos: del derecho al derecho procesal penal

El Derecho Penal ofrece innumerables facetas de estudio y de práctica. Aquí podrá encontrar artículos sobre Derecho general en materia penal, Derecho Penitenciario o artículos sobre el complicado Derecho Procesal Penal.

Nuestra intención, desde Ius & Lex, es ofrecer la información más actualizada en todo momento. El reto de un abogado penalistas es estar en contante aprendizaje. Nuestro equipo de abogados ofrece artículos sobre novedades penales, pero también resuelve sencillas cuestiones del día a día.

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Recurso de revisión

El recurso de revisión es el medio de impugnación establecido en contra de cualquier sentencia que es dictada por órganos de orden jurisdiccional social apegado a la normativa procesal civil. Este recurso debe interponerse de forma directa frente a la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en la que debe resolverse el inconveniente aplicándose la normativa procesal civil.

La revisión, más que un recurso, es considerado como una acción impugnada de forma autónoma. Es por sus características, un recurso excepcional. Este es interpuesto frente al Tribunal Supremo quien debe establecer una sentencia firme e imparcial, decidiendo en primera instancia si contiene un vicio que permite rescindirla. En el juicio de revisión, el TS deberá aceptar la petición revisora en caso de cumplir con las condiciones necesarias, esta petición tiene como finalidad emitir un juicio rescíndete al anterior. Las partes involucradas, podrán hacer uso de su derecho en el juicio correspondiente, con fundamento en la sentencia de revisión imputada.

¿Quiénes pueden solicitar el recurso de revisión?

Pueden interponer el recurso según el concepto que establezca la problemática, las siguientes personas:

  1. Interesados en el procedimiento administrativo:
    1. Las personas que promuevan derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
    2. Las personas con derechos, mismos que puedan resultar afectados por las decisiones sin haber sido iniciado el procedimiento.
    3. Aquellas personas que vean afectadas sus intereses personales y colectivos que puedan resultar afectadas por la resolución dictada por el órgano correspondiente.
  2. En el supuesto de que el afectado actúe en nombre de una persona física o jurídica, debe acompañar sus argumentos con la documentación necesaria para acreditar que lo que dice es verídico.
  3. Aquellas organizaciones y asociaciones que representen intereses económicos y sociales, que serán titulares de intereses colectivos en los términos que la ley marque.

Información elemental

Normativa basada en lo que la Ley 39/2015 artículos 125 y 126., establece a cerca del Procedimiento Administrativo Común.

  • Forma de inicio del proceso, por medio de un recurso que reúna los siguientes requisitos estipulados en la ley:
  • Datos de identificación del involucrado, descripción del acto en el que se recurre y la razón de la impugnación realizada, identificación del lugar en que desea se envíe la notificación o si la prefiere de manera electrónica por correo.
  • Documentos convenientes para aportar al caso: Todos los documentos que considere cruciales para comprobar que sus argumentos son válidos, fundamentándolos en las pruebas exhibidas.
  • Plazo de resolución: El plazo máximo que se otorga para la resolución y la notificación del recurso en cuestión es de tres meses. Una vez transcurrido el plazo, se desestimará el recurso.
  • Contra la resolución, es recomendable interponer el recurso contencioso-administrativo.

¿Qué actos pueden ser recurridos en revisión?

Los actos firmes en vía administrativa pueden recurrir en revisión cuando alguna de las siguientes circunstancias concurra:

  • Que existan documentos probatorios para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la previa resolución.
  • Que la resolución sea dictamine por motivo de un acto de violencia, fraude u otra actividad ilícita.
  • Que al realizar el dictamen se haya cometido un error de hecho, resultante de los propios documentos incorporados al expediente.
  • Que en la resolución influyan de forma crucial, documentos o testimonios declarados como falsos.

¿En qué plazos puede interponerse el recurso?

El recurso puede interponerse dentro de los 4 años siguientes a la fecha de la resolución impugnada, en el caso de que sea error de hecho, y este resulte de los documentos incorporados al expediente. En todos los otros casos, el plazo es de 3 meses que comienzan a contar desde el conocimiento de los documentos o a partir de cuándo la sentencia judicial quedó firme.

¿Dónde y con quién se interpone el recurso?

El recurso debe ser interpuesto ante el órgano que dictó el acto que se imputa. El recurso puede presentarse ante cualquiera de los registros que controlan la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, acudiendo a la sala competente que trate la materia en cuestión.

Requisitos para la interposición del recurso de revisión

El acto en cuestión debe ser firme en la vía administrativa.

Cuando al dictar dicho acto se cometa un error de hecho, que resulte de una mala evaluación de los documentos aportados al caso.

Que sea producto de violencia, u otra actividad punible que se haya declarado como tal en virtud de una sentencia judicial previamente establecida.

Cuando la decisión se ve sustancialmente influida por testimonios y evidencia falsa.

Cuando el recurso se interponga en los plazos que establece la ley.

Datos requeridos para su interposición

  • El recurso debe ser encabezado por el Nombre completo y el número del DNI/NIE, del involucrado, así como el medio y lugar para la notificación de los hechos concurridos.
  • Descripción realista del acto en cuestión, así como el motivo de su impugnación.
  • El lugar, la fecha, firma de las partes, identificación oficial.
  • Unidad administrativa u Órgano jurídico al que va dirigido.
  • Cada caso maneja sus particularidades predefinidas que deberá seguir para completar los datos de su interposición, tiene que asesorarse de su caso en particular para que formule su recurso en base a las particularidades exigidas por su caso.

Información esencial del recurso de revisión

Órgano que se encarga de la resolución: El Órgano administrativo que dictaminó el acto objeto del recurso en cuestión.

El tipo de procedimiento consta en una revisión de actos, que desencadenaron dudas respecto a las razones por las que fueron realizados, así como de sus consecuencias respectivas.

La forma de tramitarlo es potestativa, ya que se puede decidir sobre la interposición de este.

Para resolver y notificar el recurso, deben transcurrir 3 meses.

Si no se resuelve el recurso en cuestión en el plazo estimado, concurre en desestimación del mismo.

  • En caso de desestimación el recurso que procede es el Contencioso-Administrativo
  • El plazo de interposición de este recurso es de 2 meses en caso de que el acto fuera expreso ó 6 meses en caso de que no lo sea.

El Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa es el órgano encargado del proceso de estos casos.

Delitos de receptación y blanqueo de capitales

Tanto la receptación como el blanqueo de capitales aparecen en el Capítulo XIV del Título XII del Código Penal. La razón de la inclusión de ambas en la misma sección responde a la similitud de ambas conductas delictivas. Sin embargo, en aras de distinguir ambas figuras y fomentar la comprensión de una y otra, desde Ius & Lex Abogados creemos necesario dedicar una parte del artículo a establecer las diferencias que permiten dibujar la línea divisoria entre ambos tipos penales.

Delitos de receptación y blanqueo de capitales.

¿Qué es un delito de receptación?¿Qué es el blanqueo de capitales?

Resulta necesario antes de entrar a desgranar ambas figuras el establecer los términos en que se mueven una y otra. Para ello, como no puede ser de otra manera, basaremos las definiciones en lo estipulado en los tipos correspondientes recogidos en el Código Penal.

Delito de receptación.

El delito de receptación se puede definir como la conducta consistente en ayudar a los responsables de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico a aprovecharse de los efectos del mismo o en recibir u ocultar tales efectos. Este tipo penal exige que quien comete la acción reportable como receptación no haya intervenido en el delito previo y que exista ánimo de lucro y conocimiento de la comisión de éste.

Delito de blanqueo de capitales.

Por delito de blanqueo de capitales debemos entender, según Díaz Maroto “el conjunto de operaciones mediante las cuales los bienes o el dinero resultante de actividades delictivas, ocultando tal procedencia, se integran en el sistema económico y financiero”.

Esta integración, según la doctrina penal, comporta las fases de sustitución, de ocultación y de integración. Siguiendo la opinión de Gómez Iniesta en la primera fase se inserta el dinero en el sistema financiero, en la segunda se oculta el mismo y en la tercera se produce la reinversión de lo obtenido en las actividades ilícitas.

Diferencia entre receptación y blanqueo de capitales.

Tal y como destacábamos al comienzo del artículo y una vez vista la definición de ambas conductas, receptación y blanqueo de capitales vienen a ser dos delitos que podríamos definir coloquialmente como “primos hermanos”. Es debido a esta característica que se hace necesario deslindar ambos conceptos y perfilar sus notas características.

Diferencia entre receptación y blanqueo de capitales.

Notas diferenciadoras entre ambos tipos penales: la receptación y el blanqueo de capitales.

Ambos delitos presuponen la existencia de un delito precedente que ha producido ganancias a sus autores. La diferencia en este punto radica en que la receptación exige que sea en todo caso un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico. En el caso del blanqueo de capitales puede ser cualquier actividad delictiva no estrictamente patrimonial (por ejemplo tráfico de estupefacientes o corrupción urbanística).

Siguiendo con la exposición, en la receptación se requiere la existencia de ánimo de lucro propio. En el blanqueo de capitales, al ser el objetivo principal evitar que los bienes de origen delictivo se integren en el sistma económico bajo una apariencia lícita, puede no exigirse necesariamente la apreciación del ánimo de lucro.

Por otro lado, ambas figuras delictivas requieren el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes. La diferencia que se ha de resaltar en este punto es que para que se pueda apreciar la existencia de un delito de receptación es necesario que el autor no haya participado en la actividad delictiva previa ni como autor ni como cómplice, requisito que no es necesario en la figura del blanqueo de capitales, pudiendo ser las ganancias blanqueadas procedentes de la actividad ilícita del que comete tal tipo delictivo.

La última nota a destacar como diferenciadora es la pena asociada a entrambos delitos. Así, la pena de prisión asociada a ambos en su límite inferior es idéntica (6 meses), mientras que la cota superio dista mucho de ser similar ( 6 años en el blanqueo de capitales, 2 en la receptación).

Una vez que hemos perfilado la idiosincrasia de una y otra, vamos a pasar a un estudio más pormenorizado y exhaustivo de las mismas.

Delito de receptación.

Dando por reproducida la definición antes dada, podemos señalar como primera aproximación que el su fundamento se encuentra en que la comision de este delito tiende, según la teoría del “mantenimiento de la ilicitud”, a perpetuar la ilicitud cometida por el autor del delito precedente. Además facilita a éstos el deshacerse del objeto del del delito y su aprovechamiento.

Tipo básico del delito de receptación.

El tipo básico del Código Penal informa de que “El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.”

Técnicamente, el precepto se presenta como un tipo mixto alternativo. Contempla tanto la ayuda a quienes cometen el delito precedente como la de recibir, adquirir u ocultar sus efectos. Como venimos señalando anteriormente, en la receptación el móvil es el ánimo de lucro.

No se recoge una modalidad imprudente de comisión del delito, por lo que el dolo ha de ser probado o el hecho será impune.

Requisitos para la comisión del delito.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo viene a exigir tres requisitos:

  • Obrar con conocimiento del delito previamente cometido.
  • El elemento de ayudar a los responsables a aprovecharse de los efectos de tal delito o quien reciba, adquiera u oculte tales efectos con ánimo de lucro.
  • Que el sujeto no haya intervenido ni como cómplice ni como autor en el delito previo.

De otra parte los efectos del delito a que se refiere el tipo son los efectos directos y no otros que se hayan podido otener como derivación de los efectos directos. Así, quien recibiese un coche comprado con dinero proviniente de un delito no podría ser condenado por este delito.

Consumación y delito continuado.

La consumación se produce con la mera disponibilidad de los efectos por parte del receptador, sin que ea preceptivo el que existaa un aprovechamieto real y efectivo por el autor del delito precedente. Así pues, podemos hablar de la consumación desde el momento en que es fehaciente que existe un poder de disposición del adquirente sobre los bienes, con independencia de que el autor haya obtenido un beneficio económico o de cualquier clase.

No viene siendo exigido que el receptador se beneficie más que de cualquier tipo de ventaja, utilidad o beneficio, aunque sean meramente contemplativos.

Sobre el delito continuado, como en todo caso, se debe acudir a los requisitos jurisprudenciales:

  • Pluralidad de hechos delictivos diferenciables.
  • Conexidad espacio-temporal.
  • Infracción de la misma norma de derecho penal
  • Identidad de sujeto activo.
  • Ejecución dolosa de un plan preconcebido.
  • Homogeneidad en el modus operandi.

Delito de blanqueo de capitales.

Reproduciremos aquí la definición dada para el delito de blanqueo de capitales por Díaz-Maroto : “el conjunto de operaciones mediante las cuales los bienes o el dinero resultante de actividades delictivas, ocultando tal procedencia, se integran en el sistema económico y financiero”.

Esta integración trata de dar la apariencia de que lo reconvertido ha sido obtenido lícitamente. Esta integración, según la doctrina penal, comporta las fases de sustitución, de ocultación y de integración. Siguiendo la opinión de Gómez Iniesta en la primera fase se inserta el dinero en el sistema financiero, en la segunda se oculta el mismo y en la tercera se produce la reinversión de lo obtenido en las actividades ilícitas.

Siguendo con esta pequeña introducción, cabe señalar que el ordenamiento juurídico ha decidido dar respuesta a esta realidad social dotándose de instrumentos en dos ámbitos, el penal y el administrativo. Siendo el objetivo el análisis de la rama penal, nos parece procedente dejar anotada la L10/2010, de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo como la otra herramienta, más allá de las Directivas europeas en la materia, de las que se ha dotado el ordenamiento jurídico español para la lucha contra este delito.

Delito de blanqueo de capitales.

Tipo básico del delito de blanqueo de capitales.

La técnica legislativa seguida en el delito de blanqueo de capitales nos lleva a afirmar que se configura como un tipo mixto alternativo. Así reza el artículo 301 de Código Penal: “El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.”

Los bienes constitutivos del objeto penal, según la Dir 2010/849/UE artículo 3.3, son todo tipo de activos, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica, que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos

Por otro lado, aunque se contemplen varios comportamientos, sin embargo existe unidad de conducta típica; adquirir, poseer, utilizar, convertir, o transmitir bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva. El fin último es encubrir la procedencia ilícita de los bienes.

En el plano subjetivo, no se exige que quien comete el tipo tenga un conocimiento exacto del delito previo cometido. Bastará la conjunción de la anormalidad de la operación con la razonable inferencia de la procedencia ilícita. En este último punto, bastaría con un conocimiento de las circunstancias del hecho.

El autoblanqueo.

Debido a su importancia jurisprudencial, vamos a realizar un pequeño inciso referente a la figura del autoblanqueo. Consiste en el blanqueo de capitales cometido por aquella persona que, además, ha cometido el delito precedente. El artículo 301 del Código Penal, mediante la fórmula “cometida por él”, abre las puertas a esta figura tan controvertida.

El origen de la discusión acaecida en los tribunales, no es otro que el planteamiento siguente. Todo delito en general y, en concreto los pertenecientes al Título XII del Código Penal, implican una vocación de aprovechamiento económico, lo que nos llevaría en este tipo a una vulneración del principio del non bis in idem  (en la medida que el aprovechamiento forma parte de la estructura del delito precedente, que ha cometido quien blanquea).

Sin embargo, el legislador ha decidido introducir esta figura (generalmente bien acogido por la doctrina y los tribunales, incluyendo el TS) para evitar pronunciamientos contradictorios de las salas, señalando la posibilidad de incriminar esta conducta. Si bien el Tribunal Supremo nunca lo dio por imposible, esta inclusión en el tipo penal no excluye la posibilidad de apreciación de un concurso real con el delito precedente.

El autoblanqueo.

Agravante por participación en el delito de un grupo delictivo organizado.

Muy brevemente, señalar la importancia de este tipo agravado, en tanto que la agravación se produce como consecuencia del sujeto activo. Incardinándose este tipo con la persecución de la delincuencia organizada, tanto personas físicas como personas jurídicas serán castigadas, en la medida en que estas estructuras mercantiles se dediquen a comercializar los bienes originados de forma ilícita.

El concepto de organización dado por el Código Penal en su artículo 570 bis es el siguiente :” (…)organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos.”

Según la doctrina del Tribunal Supremo, requiere de la existencia de las siguientes notas:

  • Pluralidad de personas
  • Distribución de cometidos entre ellas
  • Estructura jerarquizada
  • La existencia de un plan predeterminado
  • Dotación de medios asignados al fin delictivo
  • Vocación de continuidad

Desde Ius & Lex abogados os estamos muy agradecidos de la atención prestada, esperamos que el artículo haya servido para verter un poco de luz sobre estos delitos y confiamos en haber sido lo suficientemente claros y concisos que este tema requiere para su comprensión. Os esperamos en el próximo artículo.