Incapacitación judicial: todo los que necesitas saber

Incapacitación judicial

La incapacitación judicial es uno de los procesos más importantes de nuestro ordenamineto jurídico, por las implicaciones que esta supone a la persona para la que se solicita.

En este artículo queremos explicar a los familiares de aquellas personas que se encuentran o pueden ser susceptibles de encontrar en un proceso de incapacitación judicial todo lo que necesitan saber para poder estar lo mejor informados por parte de nuestros abogados civiles en Madrid.

Ius & Lex es el despacho lider en procesos de incapacitación judicial y asesoramos tanto a familiares como a instituciones en este delicado proceso. Es necesaria una sensibilidad especial y una enorme capacitación jurídica para el desarrollo de este tipo de procesos.

Vamos a intentar explicar todo lo necesario sobre esta institución pensando en los familiares que se plantean o están ya inmersos en un proceso de incapacidad legal para una persona.

La incapacitación judicial
La incapacitación judicial

Le recordamos que puede ponerse en contacto con nosotros mediante nuestro formulario de contacto, nuestros número de teléfono o si lo desea, dejando un comentario en el mismo artículo.

La incapacitación judicial: ¿Qué es?

Antes de abogar qué es la incapacitación judicial, nos gustaría dedicar unas líneas a las cuestiones fundamentales del proceso de incapacitación legal. Esto es necesario para poder comprender mejor ante qué nos enfrentamos y así poder seleccionar de la mejor manera el grado en el que solicitaremos incapacitar a una persona (o qué solicitará esta persona, cuestión que veremos más adelante).

La incapacidad judicial en nuestro ordenamiento jurídico

Antes de poder empezar a hablar de la incapacidad de las personas, debemos saber qué es la capacidad y en qué ambitos aborda nuestro derecho la capacidad legal. Por ello debemos de partir de las dos descripciones de capacidad que reconoce nuestro ordenamiento jurídico:

  • La capacidad jurídica de las personas: esta es la aptitud que poseen todas las personas para ser titulares de derechos y obligaciones. Esta capacidad es inherente a la própia persona y no puede modulares de manera alguna ya que atentaría contra los derecho más fundamentales. No es esta la capacidad que vamos a solicitar a un juez que module.
  • La capacidad de obrar: es en este espacio en el que nuestro ordenamiento jurídico nos permite iniciar acciones para modular la capacidad de la persona y por tanto de nuestro familiar. Es esta capacidad, la de obrar, la que solicitaremos al juez que module por el bien de la persona o de nuestro ser querido.

Esta capacidad de obrar sí es modulable y lo que se sustancia en los procesos de incapacitación judicial es una limitación de la misma. Mediante sentencia judicial se determinará las limitaciones en la capacidad de obrar de la persona.

Vista esta importante distinción entre las capacidades de la persona, es el momento de hablar de el tercer punto de esta sección: La limitación de la capacidad. Evidentemente limitar la capacidad de una persona es una acto de enorme transcendencia y que requiere una singular protección en nuestro ordenamiento jurídico.

Esta limitación de la capacidad de obrar requiere de una sentencia judicial bien motivada y por tanto la intervención del órgano judicial que entrará a valorar diversos aspectos sobre la persona que se encuentra inmersa en el proceso de incapacitación judicial. La sentencia dictada por el juez facultará a un tercero, persona jurídica o física, para ejercer las obligaciones y derechos del incapacitado judicialmente.

Es muy importante señalar que será el juez quién delimite mediante una sentencia judicial motivada, el alacance de la incapacitación y los aspectos más fundamentales por los que esta institución se regirá.

¿Quién puede ser incapacitado judicialmente?

De una menera general podemos agrupar a las siguiente situaciones para saber si nuestro familiar puede ser incapacitado o no. Cabe destacar que la institución de la incapacitación no se sustenta sobre el derecho de la familia a cuidar del enfermo, sino al derecho de toda persona, enferma o con futura previsión de enfermedad, a ser protegido y tutelado para una mejor protección tanto en derechos como en deberes.

Dicho lo anterior podemos hacer un pequeño resumen de las personas que podrían ser objeto de este tipo de proceso:

1- Las personas con dolencias metales graves: Sin duda este cuadro de personas es el más numeroso en los procesos de incapacitación ante un juez. El enfermo requiere de un vigilancia y una tutela muy marcada.

2- Aquellas personas que adolecen de una discapacidad intelectual: La protección de estas personas es sumamente importante en nuestro ordenamiento jurídico y también por imperativo social. Sin duda la graduación de estas dolencias hace que sea importantísima la valoración del forense y del juez.

No todos las personas con capacidades distintas o discapacidades pueden ser objeto de incapacitación judicial. Es importante señalar la importancia de una valoración para la posterior modulación del “recorte” en derechos y deberes. Aquí la figura del psiquiatra y el psicólogo es muy importante, además de la de los familiares cercanos que al final son las personas que mejor conocen a la persona y puede ayudar a determinar el grado te tutela necesaria o de curatela.

3- Personas con un deterioro cognitivo grave: Por desgracia el deterioro cognitivo puede provocar que una persona sin cuadros de enfermedad mental o sin discapacidades puede necesitar de una tutela o curatela. Enfermedades como el alzheimer muy presentes en mayores hacen necesaria la interenvencio de un juez para proteger tanto en derecho como en deberes a la persona.

Estos tres cuadros son los más habituales, pero hay que dejar claros una serie de conceptos para entender mejor la institución. Sufrir enfermedad mental, discapacidad o deterioro cognitivo grave no es una razón exclusiva. La incapacitación judical requiere de un resultado, o lo que es lo mismo, de unas circunstancias derivadas de las dolencias.

Para poder solicitarla se debe dar alguno de los siguientes aspectos o un cojunto de ellos (El actual listado no es cerrado y en nuestro ordenamiento jurídico opera la necesidad de una vista o entrevista con el juez, además de una valoración forense por parte del profesional del juzgado):

a) Que la dolencia impida autogobernarse a la persona.

b) Actos que pongan en peligro el patrimonio de la persona o demuestran una incapacidad para realizar actos sencillos dentro del tráfico patrimonial.

c) Una falta de cuidados en terminos de salud própia o de terceros a su cargo.

d) Aquellas personas que sufriendo dolencias de las anteriores descritas, se encuentran sufriendo abusos, negligencias o situaciones de mal trato por parte de sus familiares o cuidadores.

e) Personas que necesitan ayuda por su incapcidad de realizar Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

f) Aquellas personas que se encuentran en procesos de deterioro cognitvo grave o ya lo sufren.

g) El enfermo crónico institucionalizado y sin posibilidad alguna de sanación o retorno.

h) Otros.

No obstante nuestra jurisprudencia es amplia y varidad sobre este tipo de procesos, pero con caracter general la descripción en la que se basa la anterior lista es la ofrecida por nuestro Código Civil en su artículo 200 que dice: “las enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas que impenden que la persona pueda autogobernarse”.

¿Qué tipos de incapacidad judicial existen?

Una vez determinados los aspectos básico sobre el proceso de incapacidad sobre la persona o familiar, deberemos solicitar judicialmente la incapacitación de nuestro familiar o de la persona a nuestro cargo.

Incapacitación judicial de mayores
Incapacitación judicial de mayores

El grado de incapacitación se sustanciará en la sentencia judicial en virtud de aquellos informes aportados, declaraciones de los familiares, valoración personal del juez y la entrevista con el equipo forense del juzgado.

Una vez realizados estos actos de carácter formal, la sentencia determinará el grado de incapacidad del sujeto teniendo en cuenta aspectos físicos/psicológicos/sociales, grado que podrá enmarcarse entre los siguientes:

1-Sentencia que determina la incapacidad total de la persona: en este caso nos encontramos ante personas con nula capacidad para autogobernarse en cualquier aspecto de la vida diaria, o como hemos señalado anteriormente, no son capaces de realizar Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

En los caso de incapacidad total de la persona nos encontramos ante sujeto que NO pierden sus derechos en ningún caso (recordar que nuestro ordenamiento reconoce derechos incluso al concebido pero no nacido o al fallecido). En estos casos estos derechos serán ejercidos por un tercero (familiar o Institución Pública en la mayoría de los casos). Su objetivo en la máxima protección tanto patrimonial como personal del incapacitado y se rige por la institución legal de la tutela.

Por último recordar que la figura de la tutela comporta una serie de responsabilidades y obligaciones para el tutor que deberá prestar debida cuenta de todo de manera anual y ante el juzgado que dictaminó la incapacitación judicial. La figura de la tutela podrá ser desarrollada tanto por persona física como jurídica y nada dice nuestro ordenamiento sobre la “cercanía” o la “familiaridad” del cargo.

Hay que reseñar que algunas instituciones privadas promueven incapacitaciones con la esperanza de ser designadas como tutores, lo que comporta la capacidad de decidir internar o asistir mediante sus servicios (de pago) al incapaz. Acciones desde todo punto de vista inmoral, pero que a día de hoy están ocurriendo.

2-Sentencia que determina la incapacidad parcial de la persona: al contrario que la anterior, la incapacidad parcial de la persona supone una protección con menor grado de unvasión sobre su toma de decisiones. Para estos casos la sentencia judicial determinará el nombramiento de un curador.

El curador será la persona que velará por el incapaz en determinados actos jurídicos y que generalmente está relacionados con la gestión patrimonial. A diferencia de la tutela, la curatela no sustituye por completo la capacidad de la persona, sino que la refuerza y obliga al incapacitado a obtener permiso del curador para determinados actos.

Esta figura suele utilizarse en personas con ciertas enfermedades mentales o problemas de adicción (véase juego o consumo se drogas) que suponen actos en perjuicio de su patrimonio.

En este caso también existe la obligación por parte del curador de presentación de cuentas anuales ante el juzgado y a la necesidad de solicitar permiso en caso de querer realizar ciertos negocios jurídicos. Dichos casos quedan reflejados en la sentencia judicial.

¿Qué tipos de instituciones de protección existen?

Aunque hemos nombrado la posibilidad de tutela o curatela, nuestro ordenamiento jurídico ha desarrollado una especial sensibilidad hacia el incapacitado y con la intención de no invadir en exceso áreas de la vida o en derechos, la modulación legal permite la siguientes instituciones de protección:

1-Tutela: siendo la tutela la principal institución de protección de las personas incapacitadas está orbita en unas áreas generales de protección patrimonial y personal. Es la figura más restrictiva, pero también la que mayores obligaciones comporta por la especial capacidad que de sustituye.

2-Curatela: su función no reside enla sustitución total de la capcidad, sino que completa la capacidad del incapacitado, en los aspectos que el juez determinó en la sentencia judicial. Es generalmente un complemento de capacidad en los aspectos patrimoniales del incapacitado.

3-Defensor judicial: siendo esta una figura temporal, su importancia es fundamental en nuestro ordenamiento jurídico por la repercusión social de la misma. El defensor judicial es nombrado por el juez en aquellos casos en los que la persona necesita un curador o tutor de manera urgente y en el plazo en el que sustacia la designación del tutor, curador, administrador patrimonia existen conflictos de intereses entre ellos.

Su naturaleza es sumamente importante para que, en el periodo de tiempo en el que dichos conflictos se solucionan, el incapacitado se encuentre asistido en todo momento y no puede existir la posibilidad de una situación de riesgo real para él.

4-Administrador patrimonial: su función es la de gestionar y administras el patrimonio del incpacitado judicialmente. La incapacitación judicial puede suponer el nombramiento de un tutor o curador, pero al que no se le asignan deberes de gestión patrimonial.

Esta figura aparecer en aquellos casos en los que existe un conflicto directo entre los intereses económicos y patrimoniales del incapacitado y aquella persona que va a ser designada como tutor o curador.

 El proceso de incapacitación judicial

Como ya hemos dicho más arriba, la incapacitación judicial solo pordrá realizarse mediante sentencia judicial de incapacitación y así lo dice nuestro Código Civil en su artículo 199. Evidentemente la necesidad de sentencia judicial obliga al solicitante de la incapacitación judicial a presentar demanda de incapacitación ante el juzgado competente.

En estos casos es muy importante contar con el asesoramiento jurídico especializado en esta materia ya que la própia institución de la incapacidad judicial requiere de unos conocimientos y sensibilidades muy distintos que los que regulan la vida diaria.

Esta demanda será presentada habiéndose personado abogado y procurador. La demanda de incapacitación será acompañada de informes psicológicos, sociales, médicos y demás que justifiquen la necesidad de iniciar el proceso de incapacitación de la persona.

Tras la presentación de la demanda de incapacitación, el demandado (futuro o no incapacitado) tendrá un plazo de 20 días para contestar a la demanda oponiéndose de la manera que estime oportuna a este proceso de incapacitación. En caso de que trasncurrido los 20 días desde la notificación efectiva no se produzca oposición a la demanda, se entenerá que es el Ministerio FIscal quién representará a la persona.

Si por lo contrario fuera el Ministerio Fiscal quién promueve la incapacitación de la persona, el juez sasignará un defensor judicial para la defensa y representación del posible incapacitado.

Como vemos, la protección hacia la persona es total en este procedimiento, por los efectos que sobre la persona tiene un proceso de incapacitación en la modulación de derechos.

¿Qué pasa el día de la vista del procedimiento de incapacitación judicial?

El día de la vista la persona tendrá una vista con el juez. Es obligatoria esta “entrevista” entre el juez y el sujeto. En ella el juez realiza una serie de preguntas que conformar la mejor prueba para determinar si la persona es capaz de autogobernarse o no.

Generalmente estas preguntas suele comenzar de manera general con cuestiones como “¿Sabe usted quién es Presidente del Gobierno?”, “¿Cómo iría a Zaragoza desde aquí?”, “¿Sabe cuanto cuesta una barra de pan aproximadamente?”… Si el sujeto reponde de manera coherente el juez realizará cuestiones más determinadas como “¿Sabe qué es un crédito?”, “¿Y una compra venta?”,…

Hay que señalar que de estas preguntas se solicitan respuestas generales y de conocimiento vulgar y en ningún caso la falta de respuesta es determinante para determinar la incapacitación judicial. Tras esto se someterá a la persona a una entrevista personal con el personal forense del juzgado que emitirá informe para que el juez pueda tomar la decisión más acorde con el estado de la persona.

Una vez sustaciado este acto, el juez determinará si procede la incapacitación de la persona o no. En caso afirmativo y siempre mediante sentencia judicial, el juez determinará el grado de incapacitación judicial y los aspectos que regirán la incapacitación de la persona.

¿Quién puede iniciar el proceso de incapacitación judicial?

Las personas que puede iniciar este procedimiento mediante demanda ante el juzgado de Primera Instancia del lugar de residencia de la persona son las determinadas en el artículo 757 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil. Podrán iniciar del proceso de incapacitación judicial:

a) El presunto incapaz.

b) El cónyuge o la persona que se encuentre en situación de hecho asimilable (pareja de hecho por ejemplo)

c) Los descendientes.

d) Los ascendiente.

e) Los hemanos.

f) El Ministerio Fiscal.

g) Cualquier persona podrá poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la necesidad de iniciar un proceso de incapacitación. Esto incluye a funcionarios o autoridades que por cuestión de su cargo pudieran conocer de la necesidad de iniciar este proceso para la protección del presunto incapaz.

h) En el caso de menores de edad, el proceso de incapacitación judicial solo podrá ser determinado por la persona que ostente la patria potestad del menor o la tutela.

¿Es posible una modificación de la sentencia de incapacitación judicial?

Como ya adelantamos más arriba el proceso de incapacitación judicial no opera de manera inmóvil. El posible que existan circusntacias que requieran una ampliación de la misma o incluso una disminución o extinción de la incapacitación judicial por diversas causas.

El órgano judicial responsable de esta valoración será el mismo que dictó sentencia de incapacitación judicial para la persona.

Desde Ius & Lex Abogados esperamos que esta información sea de su utilidad. En caso de dudas o explicaciones concretas puede ponerse en contacto con nosotros mediante nuestro formulario de contacto aquí o puede dejar un comentario más abajo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *