Delito de coacciones

El delito de coacciones es uno de los tipos delictivos más habituales en nuestro país. Su configuración técnica hace que multitud de acciones puedan ser calificadas como coacciones. Nuestros abogados penales han creado esta guía sobre el delito en un lenguaje sencillo pero ajustado a la realidad legal.

El Código Penal recoge una serie de delitos que afectan directamente a la libertad de la persona. La libertad, en estos casos, se refiere a la libertad de actuación en sentido amplio, como un atributo de la capacidad que tiene la persona para decidir lo que quiere o no quiere hacer y para trasladarse de un lugar a otro o situarse a sí mismo en el espacio, sin que su decisión se vea mediatizada por terceras personas.

La existencia de esta liberad depende de la propia convivencia y de una serie de condicionamientos que dicha convivencia impone al ser humano. Así, cuando hablamos de libertad hemos de situarnos en un contexto social y político determinado.

En el Título VI del Código Penal el bien jurídico que se protege es la libertad y, además, ésta es, al mismo tiempo, el objeto del ataque. De esta manera, estos delitos se diferencian de otros donde la libertad se ve atacada de forma indirecta.

No obstante, aunque es sencillo, no debemos confundir los delitos de detención ilegal y el delito de coacciones, pues mientras el delito de detención ilegal tiene como bien jurídico protegido la libertad ambulatoria de los individuos, el delito de coacciones protege la libertad de las personas en el sentido más amplio.

Delito de coacciones: el tipo básico

El artículo 172.1 del Código Penal es el que regula el delito de coacciones, estableciendo que el que, sin estar legítimamente autorizado, impidiera a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliera a efectuar lo que no quiere, sea justo o no, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.

La acción y el resultado en el delito de coacciones

La acción consiste en impedir con violencia a otra persona hacer lo que la ley no prohíbe o compelerle a efectuar lo que no quiere hacer. El empleo de violencia es fundamental en este delito de coacciones, no entendiéndose por ésta sólo violencia física, sino que también está incluida la intimidación.

Esto conlleva una gran dificultad para distinguir el delito de coacciones del delito de amenazas, sobre todo de las amenazas condicionales. En estos casos, el problema se resuelve a través del concurso de leyes, de manera que se aplicaría el delito con la pena más grave.

¿Cuál es la interpretación del delito de coacciones del Tribunal Supremo?

El Tribunal Supremo, por su parte, hace una interpretación extensiva de violencia, ampliando el concepto de violencia a la fuerza ejercida sobre las cosas y a casos en los que ni tan siquiera se puede hablar de violencia sobre las cosas (por ejemplo, el cambio de una cerradura o su inutilización).

Estas conductas pueden impedir una actuación voluntaria de una persona, pero no pueden equipararse a las violencias ejercidas directamente sobre la misma y no pueden calificarse de coacciones. Así, la solución a estos casos ha de buscarse por vías distintas a la penal, o bien apreciando otros delitos si se dan los requisitos para poder apreciar los mismos.

Algunos de estos casos podrán castigarse por amenazas (por ejemplo, cuando se amenaza con romper un jarrón valioso si no se accede a lo que se pide). La inclusión de la fuerza en las cosas en el concepto de violencia es, quizá, desacertada, puesto que en muy pocos casos se equipararán ambas.

Sin embargo, la inclusión de la fuerza ejercida sobre las cosas en el concepto de violencia es menos dudosa en los casos en los que se priva de voluntad al sujeto con el empleo de narcóticos, puesto que se anula la voluntad del sujeto, y esto tiene el mismo efecto que el uso de la violencia.

El resultado en el delito de coacciones

En cuanto al resultado de este delito, éste ha de ser impedir a otro hacer algo que la ley no prohíbe o compelerle a efectuar algo justo o injusto. Ha de mediar una relación de causalidad entre la acción de coaccionar y el resultado.

Hay que tener en cuenta las circunstancias del hecho, la situación de los sujetos y todos aquellos datos que permitan ofrecer un juicio objetivo sobre la intensidad de la violencia y su adecuación para conseguir el resultado deseado.

Los sujeto del delito de coacciones

El sujeto activo puede ser cualquiera, es decir, cualquier puede cometer el delito de coacciones y ser culpado por ello. Por otra parte, sujeto pasivo será todo aquel que tenga una voluntad que pueda ser doblegada por las coacciones en que consiste este delito. No es preciso que se imputable, si bien es cierto que en algunos casos el no imputable no tendrá siquiera voluntad, por lo que no podría ser sujeto pasivo de este delito.

El tipo subjetivo del delito de coacciones

Se trata de un delito doloso, por lo que es necesario que exista dolo y que, además, el dolo abarque no sólo el empleo de la violencia que doblegue la voluntad ajena, sino que es preciso también que ésta sea la intención del sujeto activo. Por lo demás, no se precisa ningún otro elemento subjetivo específico.

Causas de justificación del delito de coacciones

Existen diversas causas de justificación que excluyen la tipicidad de este delito, por lo que, mediando alguna de las siguientes causas, el sujeto activo no resultaría culpable de este delito. Así, como causas de justificación caben el estado de necesidad, siempre que se den sus requisitos, el ejercicio legítimo de un derecho o el cumplimiento de un deber -en cuyo caso se excluye la antijuridicidad de la coacción-.

No obstante, el problema consiste en saber cuándo hay derecho a utilizar violencia para impedir a otro hacer algo que la ley no prohíbe y obligarle a hacer algo que no quiere. Los casos más discutidos son los siguientes:

1.- Impedir el suicidio: el suicidio no es un acto prohibido por la ley y el impedir con violencia que otro se suicide constituye, en principio, un acto típico de coacciones. Pero en casos límite en lo que un tercero consigue en última instancia impedir que el suicida se suicide, podría apreciarse el estado de necesidad (por ejemplo, alguien agarra a otro e impide que se tire por una ventana). Así, se admite evitar el suicidio aplicando cierto grado de violencia.

2.- Tratamiento médico coactivo: el tratamiento médico en contra de la voluntad del paciente sólo estará justificado cuando lo imponga la ley para preservar la salud pública (Ej.: vacunación en tiempo de epidemia), o por estado de necesidad, siempre que se den los requisitos de proporcionalidad y de necesidad y se trate de supuestos límites en los que el paciente a punto de morir tiene alteraciones en su capacidad de decisión debidas a su patología (Ej.: alimentación forzosa de anoréxicos terminales).

El tratamiento coactivo no está justificado en los casos en que el rechazo del tratamiento entre dentro del ámbito de elección del paciente y éste esté en condiciones de dispones libremente sobre su salud. Sólo excepcionalmente se puede prescindir del consentimiento en los casos en que éste no puede ser recabado por incapacidad del paciente y en los que sea urgente la intervención.

3.- Huelgas de hambre reivindicativas: las huelgas de hambre en el ámbito penitenciario han de tener la misma solución que la que se da a los casos de tratamiento médico, es decir, en principio hay que respetar la voluntad del huelguista, salvo que éste haya perdido de forma permanente la consciencia o la capacidad de decisión esté gravemente alterada.

En casos de duda sobre la capacidad del huelguista para decidir de forma consciente y responsable la continuación de la huelga, se puede adoptar, con todas las garantías médicas y judiciales, la decisión de la alimentación intravenosa, la cual estaría justificada. Así, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto, estableciendo que la alimentación forzosa está justificada cuando haya peligro de muerte o riesgo para la vida del huelguista, destacando que lo importante es que el tratamiento no impida que la situación sea irreversible y la que la alimentación se lleve a cabo en condiciones no humillantes o vejatorias para la dignidad del huelguista.

El tipo cualificado del delito de coacciones

El artículo 172.1 del Código Penal, en su párrafo segundo, obliga a imponer las penas del primer párrafo en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código, cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental. La aplicación de esta cualificación, pues, viene limitada a los casos en que este supuesto no esté previsto expresamente. Por lo demás, los requisitos exigidos para la aplicación de la cualificación son los mismos que los del tipo básico.

El tipo privilegiado del delito de coacciones: las coacciones leves

Al suprimirse las faltas con la reforma de 2015, se ha añadido el artículo 172.3 del Código Penal, el cual establece que fuera de los casos anteriores, el que cause a otro una coacción de carácter leve será castigado con la pena de multa de 1 a 3 meses.

La levedad de la coacción depende de la importancia de lo que se obliga a hacer u omitir, pero también -aunque en menor medida- del acto intrínseco de la coacción. De todos modos, la propia circunstancialidad del delito de coacciones es tenida en cuenta en el artículo 172.1 del Código Penal como un criterio para determinar la pena aplicable según la gravedad de la coacción o de los medios empleados. Las coacciones leves sólo son perseguibles mediante denuncia del agraviado o de su representante legal.

Referencias e información de interés:

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