Delito de detención ilegal

El delito de detención ilegal es uno de los delitos más elaborados en nuestro ordenamiento y en el ordenamiento internacional. Desde Ius & Lex abogados vamos explicar en qué consisten los delitos de detención ilegal y como afecta tanto al artículo 17 de nuestra Constitución Española como a los diversos Trartados y Cenvenios internacionales de los que España es parte.

Nuestros abogados penalistas han desarrollado esta guía sobre el delito de detención ilegal que responde a las cuestiones más habituales sobre este delito y que aborda también los diversos tipos que nuestro Código Penal reconoce.

El delito de detención ilegal: diferencias entre este delito y el delito de coacciones

La el delito de detención ilegal es un delito que atenta e incide directamente sobre la libertad ambulatoria de las personas. El delito de detención ilegal no deja de ser una variante del delito de coacciones, si bien se diferencia de este delito en que las coacciones atacan a la libertad genéricamente considerada, mientras que el delito de detención ilegal afecta a un solo aspecto de la libertad: la libertad ambulatoria.

Por otra parte, los medios a través de los cuales se comete el delito de detención ilegal no se restringe al empleo de la violencia, como sí ocurría con las coacciones, las amenazas o la intimidación. No obstante, muchas veces resulta de gran dificultad distinguir entre unos delitos y otros, puesto que existen supuestos en las coacciones en que también existe una privación de la libertad ambulatoria.

La Jurisprudencia, por su parte, aprecia en casos de detenciones ilegales de escasa relevancia el delito de coacciones. Así, la solución que se da la diferencia entre las coacciones y las detenciones ilegales estriba en la dimensión temporal de la detención.

Así, cuando la privación de libertad ambulatoria resulta de una duración escasa (por ejemplo, mantener inmovilizada a una persona mientras unos ladrones roban en su casa), será desplazada por concurso de leyes como finalidad en sí misma si la duración es la inherente al otro delito. Sin embargo, una privación de libertad como finalidad en sí misma, como medio para exigir un rescate, siempre dará lugar al delito de detención ilegal, siendo indiferente la duración temporal de la misma.

Delito de detención ilegal: el bien jurídico protegido en este delito

El bien jurídico protegido en el delito de detención ilegal es la libertad ambulatoria, es decir, la capacidad que tienen todas las personas de fijar por sí mismas su situación en el espacio físico, es decir, la capacidad que todos tenemos de determinar en qué lugar físico queremos estar.

No obstante, cuando se trata de menores o de personas que no tienen capacidad para decidir por sí mismos, la detención ilegal consistirá solamente en el quebrantamiento de la relación de custodia con la persona encargada legalmente de su guarda. En los casos de personas paralíticas que necesitan de medios auxiliares o de terceras personas, existirán detenciones ilegales cuando se les prive de estos medios.

El sujeto activo del delito de detención ilegal

El sujeto activo del delito de detención ilegal puede ser sólo el particular, la autoridad o el funcionario público que actúa como particular y que, prevaliéndose de su cargo, priva de la libertad ambulatoria a una persona o personas determinadas. Así, los sujetos activos pueden ser las siguientes personas.

1.- Un particular.

2.- Una autoridad.

3.- Un funcionario público que actúa como particular pero que se aprovecha de su función o cargo, ocurriendo en este caso una cualificación de la pena regulada en el artículo 167 del Código Penal. No obstante, en ningún caso se dará un delito distinto.

El tipo básico del delito de detención ilegal

Las detenciones ilegales están reguladas en el artículo 163 del Código Penal, contenido en el Título VI, es decir, en los delitos contra la libertad.

El artículo 163, en su primer apartado, del Código Penal castiga con una pena de prisión de 4 a 6 años al particular que encerrara o detuviera a otro, privándole de su libertad. Por su parte, el segundo apartado del artículo 163 del Código Penal castiga con la pena inferior en grado en el caso de que el culpable pusiera en libertad al encerrado o detenido dentro de los 3 primeros días de la detención.

Por otro lado, el apartado tercero de este mismo artículo impone una pena de prisión de 5 a 8 años si el encierro o detención ha durado más de 15 días. Y, por último, el cuarto apartado de este artículo establece que el particular, fuera de los casos permitidos por las leyes, aprehendiera a una persona para presentarla inmediatamente a la autoridad, será castigado con una pena de multa de 3 a 6 meses.

No obstante, conviene desglosar cada uno de los elementos de este tipo básico, pues facilitará el entendimiento de este tipo penal que castiga las detenciones ilegales. Los elementos del tipo son los siguientes:

1.- Tipo Objetivo: el sujeto pasivo, como es evidente, es la persona que tiene voluntad de movimiento, que tiene capacidad para decidir en qué lugar físico quiere estar. La acción, por su parte, consiste en la privación al sujeto pasivo de la posibilidad de determinar por sí mismo su situación en el espacio físico, resultado indiferentes las proporciones de éste. Además, resulta también indiferente los medios que se hayan utilizado para privar de su libertad ambulatoria a la persona.

Por otro lado, el primer apartado del artículo 163 del Código Penal establece las modalidades o formar de detención ilegal. Así, será detención ilegal encerrar o detener a alguien, privándole de su libertad ambulatoria. Pero ¿Qué es encerrar? ¿qué se entiende por detener? Encerrar equivale a situar a una persona en un lugar no abierto, siendo indiferente si este lugar en un bien mueble o inmueble.

Por su parte, detener equivale a la aprehensión de una persona a la que se le priva de la facultad de alejarse en un espacio abierto. En cualquiera de los dos casos el resultado es el mismo: privar a alguien de su libertad ambulatoria.

2.- Tipo Subjetivo: para que se dé este delito es necesario que medie dolo, es decir, que exista voluntad de impedir a alguien que emplee su libertad ambulatoria. Además, el delito de detención ilegal no requiere ningún elemento subjetivo específico además del dolo.

3.-  Antijuridicidad: el consentimiento del sujeto pasivo justifica la privación de libertad. Sin embargo, si no contamos con el consentimiento del sujeto pasivo, habría que recurrir al estado de necesidad para excluir la antijuridicidad de la acción cometida.

Esto es lo que ocurre en el caso del internamiento de enfermos mentales peligrosos. Si dicho enfermo mental presta su consentimiento, se justificaría la privación de libertad. Sin embargo, si el enfermo mental no prestase su consentimiento, sería necesario aplicar, por tanto, el estado de necesidad. Esto está regulado en la LEC.

La observancia de todo esto excluye la antijuridicidad de la detención. Si se incumple alguna de las formalidades legales prescritas podrá apreciarse la eximente 7ª del artículo 20 CP como eximente incompleta, aunque en el caso del funcionario se ha de ver si no es preferible la aplicación del artículo 530 del Código Penal.

4.- Culpabilidad: se excluiría la culpabilidad si el sujeto activo creyera erróneamente que se conducta está justificada por actuar con el consentimiento del sujeto pasivo o por creer que actúa en ejercicio de un derecho.

5.- Participación: en este delito es plausible la participación de terceros. Así, quien proporcione el lugar destinado a la ejecución del delito responde como cooperador necesario, aunque si existe acuerdo previo o división de funciones con los autores del delito, éste será considerado como coautor. Cabe la autoría mediata -el autor causa un resultado sirviéndose de otra persona-. El artículo 168 CP estima como punibles.

En este delito la provocación, la conspiración y la proposición, castigándoles con la pena inferior en uno o dos grados a la señalada en el delito que se trate.

El tipo privilegiado del delito de detención ilegal

Se atenuará la pena del tipo básico cuando, de acuerdo con el segundo apartado del artículo 163 del Código Penal, el culpable libere al detenido dentro de los 3 primeros días de su detención, sin haber logrado su objetivo, aplicándose la pena inferior en grado.

También se atenuará la pena del tipo básico cuando, de acuerdo con el cuarto apartado del artículo 164 del Código Penal, el particular, fuera de los casos permitidos en los artículos 490 y 491 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, encerrara o detuviera a una persona para presentarla inmediatamente a la autoridad, castigándose este hecho con una pena de multa de entre 3 y 6 meses.

El tipo cualificado del delito de detención ilegal

También el legislador ha previsto ciertas circunstancias bajo cuya concurrencia se agrava la pena del tipo básico del delito de detención ilegal. Así, el tercer apartado del artículo 163 del Código Penal establece que, cuando el culpable alargue la detención hasta durar más de 15 días, se impondrá una pena de prisión de 5 a 8 años.

Esto es así porque la detención ilegal es un delito permanente, por lo que la privación de libertad ambulatoria puede prolongarse indefinidamente, lo que, como resulta obvio, aumenta sobremanera el desvalor del resultado.

Las detenciones cometidas por autoridad o funcionario público

La LO 1/2015 ha modificado el artículo 167 CP. En el apartado 1 se mantiene el supuesto de la autoridad o funcionario que lleve a cabo una detención ilegal, pero en todo caso con abuse de su cargo, fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa por delito. Así, el artículo 167.1 CP dice que las penas previstas en los artículos anteriores se impondrán en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.

La reforma de 2015 ha añadido nuevas cualificaciones que prevé las mismas penas que el apartado 1. Por un lado, el artículo 167.2 a) CP castiga al funcionario público o autoridad que, mediando o no causa por delito, acuerde y practique la privación de libertad de cualquier y que no reconociese dicha privación de libertad o, de cualquier otro modo, ocultase la situación o paradero de esas personas privándola de sus derechos. Por otro lado, el artículo 167.2 b) CP aplica esta cualificación al particular que lleva a cabo la detención con la autorización o el apoyo del Estado.

No obstante, el Estado actúa, en todo caso, a través de personas físicas, quienes son los responsables del delito. Por su parte, el artículo 167.3 CP establece que en todos los casos en los que los hechos a que se refiere este artículo hubieran sido cometidos por funcionario público, se les impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de 8 a 12 años.

Fuentes e información de interés:

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