Delito de insolvencia punible

El delito de insolvencia punible se produce en el momento en que un deudor sabiendo que se encontrará en una situación de insolvencia, o pensando que podrá estarlo de un breve espacio de tiempo, realiza actos de manera fraudulenta con el objetivo de perjudicar los intereses de sus acreedores.

Desde Ius & Lex abogados, sabemos que en muchas ocasiones le puede comer el error de dar pasos o realizar actuaciones que puedan ser consideradas un delito de insolvencia punible. Nuestros abogados penalistas especializados en delitos económicos han realizado esta guía sobre los delitos de insolvencia punible para responder a las cuestiones más habituales.

¿Qué es el delito de insolvencia punible?: definición y tipo penal en nuestro Código Penal

El delito de insolvencia punible se encuentra regulado en nuestro Código Penal bajo el epígrafe “de las insolvencias punibles” en el Capítulo VII bis del Título XIII del Libro II y, más concretamente en los artículos 259 a 261 bis de nuestro CP.

La modificación de nuestro Código Penal en relación a las insolvencias punibles venía siendo necesaria para dar respuesta a aquellas situaciones en las que las empresas realizan descapitalizaciones de su patrimonio con la única intención de evitar el pago a sus deudores.

Dentro de un clima de crisis económica y en relación a la Ley Concursal 22/2003, ambos instrumentos jurídicos han logrado minorar este tipo de actuaciones. No obstante, todavía estamos muy lejos de haber logrado un sistema perfecto en relación a aquellas actuaciones fraudulentas que tienen como único objetivo perjudicar a los acreedores (bien empresas, trabajadores, Administraciones Públicas u otros)

Elementos del delito de insolvencia punible: del bien jurídico protegido al elemento subjetivo

Los elementos del delito de insolvencia punible se pueden enumerar de la siguiente manera:

1.- El bien jurídico protegido en el delito de insolvencia punible: según nuestra doctrina más asentada, el bien jurídico protegido en el delito de  insolvencia punible es el derecho que los acreedores tienen a que sus créditos se vean satisfechos por parte del deudor, como así determina nuestro Código Civil en su artículo 1.911.

Artículo 1.911 del  Código Civil.

Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros.

No obstante el delito de insolvencia punible no solamente se ocupa del derecho individual de las personas, empresas o administraciones a ver resarcidos sus créditos, sino también se extiende su labor al aseguramiento de un sistema de crédito sano.

2.- El objeto material de las insolvencias punibles: no cabe ninguna duda, ni desde la Doctrina ni desde la Jurisprudencia que el objeto material es todo patrimonio del deudor que debe integrarse en la masa del concurso.

3.- La naturaleza jurídica del delito: nos encontramos ante un delito patrimonial o socioeconómico. Mucho se ha debatido si la conducta ilícita se debe dar con la consumación del delito o no. Queda claro que cualquier actuación que tenga como objetivo evitar el pago de una deuda, deberá reputarse como delito de insolvencia punible.

4.- El sujeto activo en las insolvencias punibles: en este punto podemos determinar dos clases de sujetos activos dentro del delito:

a.- La persona física que no cumple con las garantías del deudor y cuya actuación está encaminada a evitar que este pueda ver satisfecho su crédito, pero también, cualquier persona física que actuando por mandato de un tercero realiza acciones fraudulentas para evitar ejercer un derecho de crédito.

b.- Las personas jurídicas serán penalmente responsables en el delito de insolvencia punible mediante sus administradores o liquidadores.

5.- El sujeto pasivo en el delito: podemos determinar que será el acreedor que ve frustrado su derecho de cobro de la deuda por la acción típica del sujeto activo.

6.- El elemento subjetivo de los delitos de insolvencias punibles: es importante, como bien ha señalado la Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, que exista dolo (nos encontramos ante un delito que requiere necesariamente un dolo directo). Dicho dolo debe darse en la acción de evitar el cobro de nuestros acreedores y, además, en beneficio propio.

En la determinación del elemento subjetivo del delito de insolvencia punible, es muy importante el determinar el conocimiento sobre la situación de “quiebra” o “crisis”, no puede darse el tipo penal en aquellos casos en los que el sujeto activo sencillamente es un “mal gestor”.

El tipo básico del delito de insolvencia y el concurso culpable

El tipo básico del delito de insolvencia punible o insolvencia viene determinado por el artículo 259 del CP. Dicho tipo básico del delito pretende castigar aquellas conductas que intenten frustrar el lícito derecho del acreedor a cobrar sus deudas. Es importante señalar, que el delito se dará tanto en aquellas situaciones en las que la insolvencia ya se ha dado, como en aquellas en las que es inminente la insolvencia.

Con todo ello podemos determinar la modalidad básica en la insolvencia. Estas son las características:

1.- Conducta típica: la conducta típica consistirá en la acción u omisión que cause perjuicio a la masa del concurso. No debemos olvidar que esta conducta típica también castiga la imagen de solvencia que se pretenda dar a otros acreedores. La Jurisprudencia y nuestra norma penal, determinan que esta clase de acciones u omisiones van en contra del deber de diligencia exigible al empresario.

Más concretamente, nuestro Código Penal determina en su artículo 259:

Artículo 259 del Código Penal

1. Será castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses quien, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, realice alguna de las siguientes conductas:

 

1.ª Oculte, cause daños o destruya los bienes o elementos patrimoniales que estén incluidos, o que habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el momento de su apertura.

 

2.ª Realice actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que carezcan de justificación económica o empresarial.

 

3.ª Realice operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a su coste de adquisición o producción, y que en las circunstancias del caso carezcan de justificación económica.

 

4.ª Simule créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos ficticios.

 

5.ª Participe en negocios especulativos, cuando ello carezca de justificación económica y resulte, en las circunstancias del caso y a la vista de la actividad económica desarrollada, contrario al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos.

 

6.ª Incumpla el deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad, o cometa en su llevanza irregularidades que sean relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera. También será punible la destrucción o alteración de los libros contables, cuando de este modo se dificulte o impida de forma relevante la comprensión de su situación patrimonial o financiera.

 

7.ª Oculte, destruya o altere la documentación que el empresario está obligado a conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber legal, cuando de este modo se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor.

 

8.ª Formule las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor, o incumpla el deber de formular el balance o el inventario dentro de plazo.

 

9.ª Realice cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación económica real del deudor o su actividad empresarial.

 

2. La misma pena se impondrá a quien, mediante alguna de las conductas a que se refiere el apartado anterior, cause su situación de insolvencia.

 

3. Cuando los hechos se hubieran cometido por imprudencia, se impondrá una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses.

 

4. Este delito solamente será perseguible cuando el deudor haya dejado de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o haya sido declarado su concurso.

 

5. Este delito y los delitos singulares relacionados con él, cometidos por el deudor o persona que haya actuado en su nombre, podrán perseguirse sin esperar a la conclusión del concurso y sin perjuicio de la continuación de este. El importe de la responsabilidad civil derivada de dichos delitos deberá incorporarse, en su caso, a la masa.

 

6. En ningún caso, la calificación de la insolvencia en el proceso concursal vinculará a la jurisdicción penal.

Como podemos ver, la tipificación admite diversas maneras en la comisión del delito, por lo que es muy importante conocerlas bien y saber como ajustar dichas actuaciones, u omisiones, a la realidad. No podemos dejar de hablar de la posibilidad de que el delito de insolvencia se produzca de manera imprudente.

2.- La comisión imprudente del delito: La comisión imprudente del delito de insolvencias punibles es reconocido en el artículo 259. 3 del Código Penal. En muchas ocasiones el empresario o la persona, no son conscientes del alcance penal de sus actuaciones, lo que no exime del delito en ningún caso.

3.- Las agravantes específicas del delito: nuestro artículo 259 bis CP determina qué circunstancias pueden suponer una agravante en la comisión del delito en relación a la conducta típica determinada por el artículo 259. 1 y 259. 2 del CP.

¿Cuáles son las circunstancias agravantes del delito de insolvencia punible?

Las circunstancias agravantes del delito de insolvencia punible son:

Circunstancias agravantes del delito de insolvencia punible
Circunstancias agravantes del delito de insolvencia punible

Como podemos ver, nuestro CP agrava aquellas situaciones en las que la insolvencia produzca una situación de perjuicio general, bien en acreedores como en administraciones. No podemos olvidar que el tipo penal está muy relacionado con los impagos a trabajadores y a esa masa de crédito privilegiado que sería la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

Sin duda, tras una fuerte crisis económica, nuestro Derecho Penal se ha visto desbordado por la cantidad de actuaciones en este delito. No podemos olvidar que una actuación previa de asesoramiento por parte de abogados puede evitar la comisión de este tipo de delitos.

Fuentes e información de interés:

 

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