Delito de secuestro

Hoy en Ius & Lex abogados, abordamos el delito de secuestro. Es importante conocer la diferencia entre el delito de secuestro y la detención ilegal. Para ello, nuestros abogados penalistas han creado este artículo concreto sobre el delito.

El delito de secuestro está regulado en el Título VI junto con las detenciones ilegales, siendo, como resulta obvio, una variante de las coacciones, si bien se diferencia de éstas en que no ataca a la libertad genéricamente considerada, sino sólo a un aspecto de esta: la libertad ambulatoria.

Por otra parte, los medios a través de los cuales se comete el delito de detenciones ilegales no se restringen al empleo de la violencia -como ocurría con las coacciones, las amenazas o la intimidación-. No obstante, la distinción es a veces difícil, puesto que hay supuestos en las coacciones en los que también se priva de la libertad ambulatoria.

La solución a este problema jurídico lo ha venido dando la jurisprudencia, apreciando la existencia del delito de coacciones en los casos de menor relevancia. Así, la solución que da la jurisprudencia hace referencia a la dimensión temporal de la detención, de manera que una privación de la libertad ambulatoria de una persona de escasa duración se entenderá como coacción, siempre y cuando no tenga finalidad en sí misma y sirva para cometer otro delito, como es el caso de unos ladrones que inmovilizan a una persona para poder robar en su casa.

Por otra parte, cuando la detención tiene finalidad en si misma, será computada como un delito de detención ilegal, independientemente de la dimensión temporal de la misma.

Delito de secuestro: bien jurídico protegido, sujeto activo y sujeto pasivo

El bien jurídico protegido en el delito de secuestro es la libertad ambulatoria, es decir, la capacidad de la persona de fijar por sí misma su situación en el espacio físico. Cuando se trate de menores o de personas que carezcan de capacidad para decidir por sí mismos, la detención ilegal consiste en el quebrantamiento de la relación de custodia con la persona encargada legalmente de su guarda.

En los casos de personas paralíticas que necesitan de medios auxiliares para trasladarse, existirán detenciones ilegales cuando se les prive de estos medios.

El sujeto activo en el delito de secuestro puede ser sólo el particular o la autoridad o el funcionario público que actúa como particular, pero prevaliéndose de su función o cargo. En este último caso el artículo 167 del Código Penal prevé una cualificación de la pena, pero no un delito distinto.

El delito de secuestro como tipo cualificado de la detención ilegal

Una de las razones por las que el legislador prevé penas mayores para las detenciones ilegales es la duración de las mismas, de manera que si la detención ilegal dura más de 15 días se impondrá una pena de prisión de 5 a 8 años, de acuerdo con el apartado tercero del artículo 163 del Código Penal. No obstante, esta no es la única cualificación de las detenciones ilegales que encontramos en el Código Penal.

Es así como, en el artículo 164 del Código Penal, se regula el delito de secuestro, que no es otra cosa que un tipo cualificado del delito de detenciones ilegales, aunque, en contra de lo que pueda parecer y como se explicará más adelante, el delito de secuestro es un delito autónomo, aunque hay parte de la doctrina que lo entiende como una cualificación del delito de detenciones ilegales.

Así, la duración temporal de la detención se tiene también en cuenta para agravar o rebajar la pena en el delito de secuestro del artículo 164 del Código Penal. Así, cuando la detención va seguida de la exigencia de una condición, como el pago de un rescate, para poner en libertad a la persona secuestrada, se está ante un delito de secuestro y no ante un delito de detenciones ilegales.

El artículo 164 del Código Penal habla de poner a la persona en libertad, pero no se exige que el secuestrado esté con vida. Así, lo que importa es que la familia o las terceras personas a las que se les ha exigido el rescate crean que el secuestrado se encuentra aún con vida.

La expresión para ‘’ponerla en libertad’’ de este artículo se refiere a la decisión que los secuestradores comunican a la familia o terceras personas -incluso al propio secuestrado- de que si no se cumplen las condiciones que han impuesto, matarán o dañarán al secuestrado. Es por ello que, en el caso de que los destinatarios de la amenaza sean terceras personas distintas del secuestrado, la cualificación es aplicable, aunque ya hayan matado al secuestrado.

Lo importante es, en definitiva, que la familia o cualquier persona destinataria de la condición impuesta por los secuestradores crean que efectivamente todavía pueden éstos poner en libertad al secuestrado.

El artículo 164 del Código Penal establece un delito complejo que incluye un delito de detenciones ilegales y de amenazas condicionales. El legislador ha elegido la vía -muy utilizada en el Derecho comparado- de formar un delito complejo que resulta de la unión de dos delitos, el de detenciones ilegales y el de amenazas condicionales.

Así, estos dos delitos pierden su autonomía para integrarse en un nuevo delito distinto y autónomo. Eso se ha elegido así porque la pena es más gravosa que la pena que resultaría del concurso de delitos del delito de amenazas condicionales y el delito de detención ilegal.

La pena prevista para el delito de secuestro

El delito de secuestro lleva aparejada una pena de prisión de 6 a 10 años, si bien ésta se puede elevar o disminuir dependiendo de ante qué circunstancias nos encontremos.

La pena del secuestro -prisión de 6 a 10 años- se eleva la superior en grado (pasando a ser una pena de prisión de 10 a 15 años) si se da la circunstancia del artículo 163.3 del Código Penal, es decir, la de que el secuestro hubiera durado más de 15 días.

Por otro lado, la pena del secuestro se rebajaría a la inferior en grado (pasando a ser una pena de prisión de 3 a 6 años) si se dieran las condiciones del artículo 163.2 del Código Penal, es decir, si el secuestrador diera libertad al secuestrado dentro de los 3 primeros días del secuestro, sin haber logrado el objetivo que se había propuesto.

Si se obliga al secuestrador a suscribir algún documento, habrá concurso de delitos con el delito de extorsión del artículo 243 del Código Penal. También cabe el concurso con delitos contra la vida, la integridad física o la libertad sexual.

Tipos cualificados del delito de secuestro en nuestro Código Penal

El artículo 165 del Código Penal contiene una serie de cualificaciones comunes a las detenciones ilegales y al delito de secuestro tipificados en los artículos anteriores, imponiendo las respectivas penas en su mitad superior cuando la detención ilegal o secuestro se ha ejecutado con simulación de autoridad o función pública, o la víctima fuere menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección, o funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

La primera de las cualificaciones absorbe el delito de usurpación de funciones, mientras que las otras dos se basan en la cualidad del sujeto pasivo, integrando la primera los casos en que la víctima es menor de edad o un discapacitado, exigiendo la segunda que el funcionario estuviese en el ejercicio de sus funciones.

La desaparición del secuestrado en el artículo 166 del Código Penal

El artículo 166.1 del Código Penal -modificado por la reforma de 2015- establece que el reo de detención ilegal o secuestro que no dé razón del paradero de la persona detenida será castigado con una pena de prisión de 10 a 15 años, en el caso de la detención ilegal, y de 15 a 20 años en el de secuestro.

En este caso, la subsiguiente desaparición de la víctima de una detención ilegal o de un secuestro es ciertamente grave. En este caso surgen la sospecha de que el autor del delito pueda haber matado a la víctima, pero, para castigar por homicidio o asesinato habría que demostrar que la muerte se ha producido.

Problemas en la aplicación del delito de secuestro

El problema que plantea la aplicación de este precepto es que, muchas veces, el desconocimiento del paradero de un detenido ilegalmente o del secuestrado se debe a que tampoco se sabe quién es su secuestrador, o a que no se le puede detener. De esta manera, el precepto sólo puede aplicarse a los secuestradores que, una vez detenidos, procesados y juzgados, no dan razón del paradero del detenido. En estos casos, la pena que se impone es más grave.

Así, se trata de penalizar la desaparición del detenido, sin dar razón de su paradero. Por tanto, si antes del juicio o en el mismo juicio se prueba que el detenido o secuestrado fue asesinado o hay pruebas de que murió durante la detención, no podrá aplicarse esta cualificación, sino el correspondiente concurso de delitos. Tampoco se aplicará esta cualificación cuando no haya una detención previa al homicidio o asesinato.

El artículo 166.1 CP tampoco podrá aplicarse si antes de que se celebre el juicio o durante el mismo el desaparecido aparece vivo o muerto. Si el secuestrado apareciera después de haber quedado firme la condena del secuestrador en base al artículo 166.1 CP, la condena no podrá ser revisada, y si además se prueba que el secuestrado fue asesinado o víctima de otro delito, habrá que enjuiciar este delito en un proceso independiente.

La aplicación de este artículo está condicionada por un elemento de carácter temporal -que en el momento del juicio por la detención ilegal o secuestro esté desaparecida- y por el hecho de que el autor del delito no dé razón de su paradero. Ambos elementos se configuran como condiciones como condiciones objetivas de punibilidad y operan independientemente de si el acusado no puede dar razón del paradero porque realmente no lo sabe.

En la reforma de 2015 se ha añadido al artículo 166.2 del Código Penal en el que se prevén dos cualificaciones que dan lugar a la pena de prisión de 15 a 20 años, en el caso de detención ilegal y de 20 a 25 años, en el de secuestros. Esto se aplica en caso de que la víctima fuera menor de edad o una persona discapacitada o que el autor hubiera llevado a cabo la detención ilegal o secuestro con la intención de atentar contra la libertad o la indemnidad sexual de la víctima, o hubiera actuado posteriormente a esa finalidad.

Información y fuentes de interés:

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