Delito de torturas y delitos contra la integridad moral

El delito de torturas se encuentra establecido en nuestro Código Penal, dentro del epígrafe dedicado a los delitos contra la integridad moral. Más concretamente podemos encontrarlos tipificados en el el Título VII, Libro II del Código Penal, en los artículos del 173 al 177. Hoy en Ius & Lex abogados vamos a tratar este delito.

Nuestro código, al determinar este delito de torturas y otros delitos contra la integridad moral, pretende ofrecer la correspondiente protección jurídica a la dignidad humana. Nuestro legislador procura determinar esta dignidad humana como el derecho de toda persona a no ser sometida a torturas o cualquier trato inhumano.

Dicho reconocimiento viene ya determinado por nuestra Constitución, dentro de su artículo 15 que reconoce el derecho de todos a la integridad física y moral. La amplia protección pretende evitar las torturas o las penas o tratos inhumanos que cualquier persona pueda sufrir.

Delito de torturas y otros delitos contra la integridad moral

Como podemos ver, el delito de torturas y otros delitos contra la integridad moral, se encuentran en el centro de las garantías que nuestro ordenamiento debe proteger por mandato constitucional.

El Título VII del Código Penal reconoce como delitos los siguientes:

  • Delito de violencia doméstica habitual y el tipo básico de trato degradante en su artículo 173.1 y 173.2.
  • Delito de torturas, según el artículo 174 en el que se determina la tortura.
  • Delitos contra la integridad moral del artículo 175 cometidos por funcionario público o autoridad.
  • Delito de omisión en la perpetración de delitos de tortura y delitos contra la integridad física. Podemos encontrarlo en el artículo 176.
  • El artículo 177 viene a determinar el concurso de estos delitos de torturas y contra la integridad moral en relación con el delito de lesiones y otros daños como consecuencia de la comisión de los anteriores.

Visto este resumen breve sobre como nuestro legislador ha determinado esta clase de delitos, vamos a tratar cada uno de ellos en profundidad de la mano de nuestros abogados penalistas. Un conocimiento sobre Derecho Penal básico es importante para usted si se encuentra en un procedimiento penal tanto como acusado como perjudicado por cualquier de estos delitos.

Delito de torturas: ¿qué debemos tener en cuenta? ¿quién es el sujeto activo de este delito?

El delito de torturas viene recogido en el artículo 174 de nuestro Código Penal. Este reconocimiento como delito es evidente en relación los Tratados Internacionales de los que España es parte. El convenio por excelencia que determina la inclusión del delito de torturas es el  Convención contra la tortura y otros tratos crueles o penas crueles, inhumanos o degradantes, hecha en Nueva York el 10 de diciembre de 1984.

El tenor literal del artículo 1 de dicho Convenio es el siguiente:

Artículo 1

1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.

Como podemos ver, la definición de tortura es similar a la reconocida por nuestro artículo 174 del Código Penal. Esta definición ayuda a determinar la existencia o no del hecho típico que pueda tener como resultado la existencia de un delito de torturas.

En relación a este delito, debemos determinar los siguientes requisitos fundamentales en el delito de torturas:

1.- El elemento material del delito: deberá entenderse la conducta o acción que produzca en la persona un sufrimiento tanto físico como mental, una disminución de conocimiento, discernimiento o decisión. Todo ello debe estar relacionado con la actuación o la utilización de medios o procedimientos que produzcan dicho efecto.

2.- Elemento final: la finalidad de estas actuaciones en el delito de torturas es lograr información o su utilización como castigos actuaciones pasadas o futuras. 

3.- El sujeto activo: en esta clase de delitos, el sujeto activo deberás ser el funcionario público o la autoridad, que valiéndose de su posición y aprovechando una situación de dependencia someta al sujeto pasivo a estos tratos y torturas.

Tras ver los requisitos para que se cumpla el hecho típico del delito de torturas, vamos a analizar el delito contra la integridad moral, que se entendería como el tipo genérico dado que el sujeto activo del delito anterior deberá ser un funcionario público o una autoridad.

Delito contra la integridad moral: el concepto general

En el caso del delito contra la integridad moral, debemos analizar el artículo 173.1 de nuestro Código Penal. Dicho artículo sufrió una modificación con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 junio en el que se incluían figuras como la del acoso laboral y el llamado acoso inmobiliario que venía siendo un clamor popular.

En el delito contra la integridad moral, el legislador tipifica como delitos, aquellos comportamientos que suponen un menoscabo de efecto inmediato en la integridad física del sujeto y supongan una humillación grave del perjudicado.

No obstante, ni la doctrina ni la Jurisprudencia han logrado resolver la serias dudas que suponen algunas de las acciones integradas en estos comportamientos. Deberá resolverse caso por caso si nos encontramos contra un atentado con la integridad moral del perjudicado o contra su libertad.

Como podemos ver el delito de torturas y otros contra la integridad moral suponen un reto tanto para el juzgador como para los abogados penalistas. Nos encontramos con un auténtico “cajón de sastre” penal en el se pueden subsumir comportamiento que deberán tener un desarrollo más claro por parte de nuestro Tribunal Supremo.

 

Fuentes e información de interés:

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