Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico

Los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico aparecen recogidos en el Título XIII del Código Penal. Para poder analizar, aunque brevemente, los tipos recogidos en esta sección del Código, la primera pregunta que nos asalta será determinar qué entiende el legislador por patrimonio y qué por orden socioeconómico. Desde el despacho de abogados Ius & Lex  vamos a tratar el tema en profundidad.

Bien sea abogado penalista o se vea inmerso en procedimiento penal, la información que le ofrecemos es clara, concisa y solucionará cualquier cuestión que tenga. En caso de necesitar aclarar cualquier duda, puede ponerse en contacto con nosotros mediante nuestros número de teléfono, correo electrónico o formulario de contacto.

Los delitos contra el patrimonio: ¿qué se entiende por patrimonio? ¿y por orden socioeconómico?

No siendo el objeto de este artículo el plasmar la discusión doctrinal mantenida entre las diversas fuentes autorizadas en la materia a lo largo del tiempo, sí podemos cristalizar todo ese debate haciendo hincapié en el resultado, más o menos pacífico, a que se ha llegado. Estos nos ayudará a determinar mejor los delitos contra el patrimonio y los delitos contra el orden socioeconómico.

Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

De esta manera, debemos recurrir a la concepción económico-jurídica de patrimonio; comprende la combinación de la posesión de unos bienes o derechos como consecuencia de una relación que el ordenamiento jurídico reconoce y que tales bienes y derechos sean económicamente valuables.

Por otro lado, la acuñación e inclusión del concepto orden socioeconómico en el Código Penal de 1995 constituye una  innovación fastuosa para la política criminal y un claro indicativo de la intranquilidad que provoca en el legislador las actividades de los llamados ladrones de “cuello blanco”; aquellos que, aprovechando lo enrevesado y poco accesible de las operaciones económicas que realizan los actores en los diversos mercados y la “lejanía” con las potenciales víctimas, utilizan ese velo para enmascarar los mecanismos de los que se valen para generar un enriquecimiento injusto.

El orden socioeconómico es una noción que debe ser definida bajo la perspectiva de su cualidad de ser el bien jurídico común a los denominados «delitos contra la economía», cuya particularidad es la de atentar contra intereses supraindividuales, sociales o colectivos de la vida económica, transgrediendo los principios y base de la economía política, teniendo en cuenta tanto su vertiente  supranacional como la nacional,abarcando tanto la proyección exterior, la hacienda pública, los criterios de fijación de precios, el marco político-económico de la actividad empresarial y la protección de los instrumentos de tal actividad.

Siendo esta concepción tan general, el orden socioeconómico como bien jurídico protegido, necesitará de una concreción para cada tipo penal que inspira su defensa dentro de los contenidos en el Título XIII de Código Penal.

Una vez aclarados,en la medida de lo posible, los términos en que nos vamos a mover durante el artículo, pasamos a realizar una enumeración de las conductas típicas más destacables de las contenidas en el Título XIII, referenciando sin carácter exhaustivo las notas características de las mismas.

¿Qué es un delito de hurto?¿Cuál es la pena por un delito de hurto?

Un delito de hurto consiste en tomar cosas muebles ajenas (la toma de las propias supondría la comisión de la figura conocida como furtum possesonis) con ánimo de lucro, en contra de la voluntad del dueño, si el de lo sustraído es superior a 400 euros. Para hallar el valor, generalmente se acude al valor de mercado del bien, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Como nota curiosa, los objetos de ilícito comercio (drogas, por ejemplo) son susceptibles de protección mediante este tipo de delito; el robar a un traficante o la sustracción de una bolsa con cocaína no es un acto legítimo ni constituye un error de prohibición (el autor desconoce que la conducta que realiza está prohibida).

La pena por un delito de hurto puede oscilar entre los 6 meses y los 3 años de prisión, dependiendo de las características que concurran en cada caso.

El delito de robo

Para la apreciación de la comisión de un delito de robo se requiere que la sustracción (en los mismos términos en que se describían en el tipo antrior) se produzca con fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las personas.

Delito de robo.
Delito de robo.

Así, se entiende por fuerza en las cosas: escalamiento, rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana, fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo, el uso de llaves falsas y la inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda.

Para considerar la existencia de violencia o intimidación, primeramente hay determinar que estas conductas guarden relación instrumental con la acción (el desapoderamiento) , de tal manera que sean una causa determinante del mismo. Por violencia ha de entenderse el acometimiento grave que supone la utilización de fuerza física sobre las personas (violencia propia) o la utilización de medios como narcóticos (violencia impropia).

¿Qué es el delito de extorsión? ¿Cuál es la pena para la extorsión?

Podríamos definir la conducta del delito de extorsión como la realizada por aquél que con ánimo de lucro obligue a otro con violencia o intimidación a realizar u omitir un negocio jurídico o acto en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.

Figura que linda con las de robo, estafa y coacciones o amenazas, pero que tradicionalmente se le ha concedido entidad propia en tanto que se ha venido considerando como una figura pluriofensiva, al considerar como ofendidos por la acción delictiva tanto la libertad de la víctima como su patrimonio.

La pena asociada al delito de extorsión consistirá en “prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados.”

 El robo y hurto de uso de vehículo.

Robo y hurto de uso de vehículo → La conducta típica es tanto sustraer como utilizar ilegítimamente el vehículo de motor sin la debida autorización de un vehículo a motor o ciclomotor ajenos ¡, sin ánimo de apropiárselo.

Se entiende cometido el robo cuando existe fuerza en las cosas o violencia o intimidación.

El delito de usurpación

Las modalidades que abarca el Código Penal dentro del delito de usurpación son tres: la ocupación de bien inmueble ajeno o usurpación de derecho inmobiliario de pertenencia ajena, la alteración de lindes o términos de pueblos y la distracción de cursos de aguas.

Siendo de mayor relevancia sociológica la primera, reseñaremos brevemente que se manifiesta en dos modalidades: la violenta y la pacífica. En la primera, la conducta típica consiste, como no podía ser de otra manera, en la ocupación ( ejercicio de actos materiales propios del contenido del dominio)con violencia o intimidación o el apoderarse de un derecho real inmobiliario de otro. Por otro lado, la ocupación pacífica de bienes inmuebles fue incorporada al Código no sin reticencias por la doctrina, en tanto que se ha venido considerando por la jurisprudencia en estos casos el estado de necesidad y la escasa lesividad derivada de alguna de las conductas derivadas de ocupación pacífica de inmuebles.

 Delito de estafa

 Se dividen en el delito de estafa “propia” y las impropias. Comenten delito de estafa “propia” los que, con ánimo de lucro, utilicen engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

Delito de estafa.
Delito de estafa.

Así, el bien jurídico protegido en el delito de estafa es el patrimonio, de tal manera que de no existir daño patrimonial, no se considera consumado el delito. Patrimonio entendido según la acepción planteada en el encabezamiento del artículo.

Según recoge el propio Código Penal, los elementos definidores del tipo penal son el engaño, el error, el acto de disposición patrimonial, la existencia de perjuicio y ánimo de lucro y el nexo causal.

Dentro de las “impropias”, nos encontramos con la estafa informática y la utilización fraudulenta de tarjetas y cheques de viaje, enajenar, gravar o arrendar sin la facultad de disposición, ocultar un gravamen o gravar o enajenar una cosa ya vendida y otorgar contrato simulado en perjuicio de otro.

La nueva configuración del delito de administración desleal

Importante resaltar que con la nueva configuración del delito de Aministración desleal se tipifica la conducta de aquellos que tienen otorgadas facultades para administrar un patrimonio ajeno y causan un perjuicio a dicho patrimonio porque infringen aquellas facultades, excediéndose en su ejercicio. Si bien la novedad con respecto a la regulación anterior estriba en que el tipo penal puede ser realizado por todo tipo de administradores, no sólo los de sociedades, lo cual en opinión de Maza Martín “«las consecuencias de un planteamiento como el que se propone son imprevisibles porque una fórmula tan abierta lo mismo puede dar lugar a una integración excesiva de supuestos en este tipo penal, como a la reacción contraria de rechazo en su aplicación, por parte de los Tribunales de Justicia, precisamente por esa excesiva amplitud, aplicando criterios muy restrictivos y exigentes, generando incluso ámbitos de impunidad precisamente derivados de esa falta de concreción».

Quedan bajo la protección de la norma, como en todos los delitos de este Título XII que nos ocupa, el patrimonio, en este caso, del administrado. No se protege otros bienes como la relación de confianza entre el administrador y el titular o el orden socio-económico.

¿Qué es el delito de apropiación indebida?

El delito de apropiación indebida se perpetra cuando, quien recibe la cosa por título que produzca obligación de entregarla o devolverla, en lugar de ello la incorpora de modo definitivo al propio patrimonio. Se viene exigiendo jurisprudencialmente una posesión inicial legítima, que el título por el que se adquiere produzca la obligación de restablecerla, un acto de disposición y el elemento subjetivo (en este caso ánimo de lucro).

Parece evidente la similaritud con el delito de hurto, radicando la deiferencia en que en que en el hurto el sujeto “toma la cosa” mientras que en la apropiación se recibe.

Aunque doctrinalmente es pacífico que el bien protegido es el derecho de propiedad de los bienes muebles no hay que olvidar que la mayor parte de los supuestos relativos a bienes fungibles (en concrto, dinero), el delito se aplica fundamentalmente frent a insolventes. Así, podríamos añadir como bien jurídico protegido el derecho de los acreedores a satisfacer su crédito en el patrimonio del deudor.

Delitos relativos a la propiedad intelectual

En lo referente a los delitos relativos a la propiedad intelectual cabe señalar como cuestión previa que el objeto material sobre el que recae estas conductas son la obra literaria artística o científica. Por obra hay que entender aquello que merezca denominación de tal según lo regulado en el RDLeg 1/1996 (sustancialmente, la originalidad).

Dentro de esta categoría encontramos el plagio, la reproducción, la distribución y almacenamiento, la comunicación pública, la exportación e importación, las conductas relacionadas con la superación de dispositivos de protección y la actividad de webs de enlaces. Requiriendo éstos un estudio más pormenorizado, nos remitimos al artículo publicado al respecto en la página.

Sobre el espionaje industrial y pena asociada

El espionaje industrial consiste en el apoderamiento por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos en que se encuentre el secreto o, alternativamente, empleando alguno de los medios o instrumentos descritos en el CP art. 197.1. Se trata a la realización de comportamientos que conlleven descubrir el secreto de modo ilícito.

Delito de espionaje industrial.
Delito de espionaje industrial.

 Las penas asociadas a este tipo penal consisten en la pena de presión de dos a cinco años.

Delito de revelación de secreto

En la conducta típica recogida para la consumación del delito de revelación de secreto se castiga a quien teniendo el deber legal o contractual de guardar reserva, difunda, revele o ceda un secreto de empresa o la utilización en preopio provecho del secreto que se tiene que mantener reservdo.

Se trata de un delito de resultado, exigiendo que la conducta de revelación o difusión sea apta para poner en peligro aquel, evitando así reputarlo como mera infracción de un deber de reserva.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Dando respuesta a la realidad societaria existente a día de hoy, el Código Penal ha decidido dar un paso adelante en la persecución y castigo de los delitos cometidos en el ámbito societario, aumentando la esfera de actuación de la llamada responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La empresa o persona jurídica será perseguida y castigada por los delitos que cometan tanto sus administradores o directivos como aquellos que perpetren los propios trabajadores de la empresa, añadiendo la conditio sine qua non de que el fin último de tales actividades ilícitas sea siempre que tanto unos como otros cometan el delito buscando un enriquecimiento de la sociedad (de carácter mercantil u otro distinto) a la que pertenecen. Esta realidad se manifiesta en el hecho de que ambos (tanto la persona que “físicamente” realiza la acción como la empresa) van a ser reprochados penalmente; se produce un sumatorio de penas impuesta a unos y a la otra.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Como novedades acaecidas tras la reforma del Código en lo referente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se abre la posibilidad de querellarse o denunciar directamente a la persona jurídica, obviando a la persona física. Un potencial beneficiario de esta herramienta no es otra que la Agencia Tributaria, en tanto que existe una mayor probabilidad de éxito en el cobro sobre la base de la solvencia de la persona jurídica, “puenteando” las posibles medidas que haya podido tomar la misma para evitar la responsabilidad de las personas físicas a través de las cuales actúa (testaferros o administradores insolventes). Como nota adyacente, la responsabilidad penal de la persona jurídica no se extingue con el fallecimiento o desaparición de la persona física autora del delito.

Un subproducto de la nueva regulación en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas ha consistido en la concienciación por parte del mundo societario de la necesidad de establecer protocolos de prevención, al estilo de los de prevención de riesgos laborales, atendiendo al llamamiento realizado por el legislador para que adopten las medidas necesarias para el ejercicio de un control sobre estas actividades. La alta cuantía de las multas (por ejemplo, hasta seis veces lo defraudado a Hacienda), penas como disolución de la empresa, suspensión de actividades, clausura de locales y establecimientos, inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas o para contratar con el sector público o, incluso, para obtener ayudas o beneficios fiscales ayudan a la toma de este tipo de decisiones.

De la misma manera que en la sección anterior, vamos a referenciar brevemente alguno de los tipos contenidos en relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Blanqueo de capitales

Se amplía el delito de blanqueo de capitales con respecto a la regulación anterior. A partir de ahora, el  blanqueo no sólo va a consistir en transmitir bienes para ocultar que su origen es el lucro derivado del delito; sino que también pasa a serlo la mera “posesión” o el “uso” de los bienes que provienen del delito. Actualmente, la posesión de facto de moneda  o bienes cuyo origen sea ilícito constituye una ofensa punible por el ordenamiento jurídico bajo la modalidad de blanqueo de capitales.

Al igual que hemos reseñado anteriormente, este hecho es especialmente relevante respecto a delitos fiscales, en tanto que la posesión de dinero obtenido mediante la comisión de un delito fiscal o cualquier movimiento patrimonial con dicha moneda acaecida en un momento porsterior, pasan a estar incluidas en la conducta típica prevista en el Código como delito de blanqueo de capitales, con independencia de la cuantía del gasto.

Delito de estafa de inversores

Incardinado en la explicación dada al inicio del presente artículo sobre la preocupación del legislador por los posibles delitos cometidos en el seno de una actividad económica cada vez más compleja, este tipo viene a dar respuesta a una realidad social:  la generalización de la actividad inversora y sus posibles consecuencias por parte de los particulares y las empresas. Se propone, de esta manera, a través del delito de estafa de inversores frenar las falsedades que puedan cometer los administradores (tanto de hecho como de derecho) de las sociedades que emitan valores negociables en los mercados de valores, en la información que, de forma obligatoria, debe publicar la sociedad conforme a la ley reguladora de los mismos.

Delito de acoso laboral e inmobiliario

El objetivo de política criminal perseguido, a través de dotar de autonomía a conductas coactivas y/o degradantes que hasta ahora se venían castigando por vía de los delitos genéricos de coacciones y contra la integridad moral, es la represión de comportamientos continuados en el tiempo que, en el caso del acoso laboral, constituyen un hostigamiento psicológico que humille al trabajador que lo sufre y en el caso del acoso inmobiliario provocan un entorno intimidatorio, hostil o humillante que impide la libre autodeterminación de la víctima y el legítimo disfrute de su derecho a la vivienda.

Delito de corrupción entre particulares

La novedad con respecto a este artículo, consiste en que tradicionalmente esta actividad delictiva sólo venía siendo punible en el ámbito del sector público. De esta manera en el delito de corrupción entre particulares la conducta típica recogida consiste en prometer u ofrecer beneficios o ventajas a un trabajador de una empresa para que favorezca en un contrato mercantil a quien le ofrece la dádiva.

Corrupción en el deporte

El delito de corrupción en el deporte castiga los sobornos para alterar los resultados de competiciones deportivas, bastando con que se ofrezcan beneficios o ventajas a los profesionales que compitan oficialmente, siendo el fin obtener una alteración el resultado.

Corrupción en el deporte
Corrupción en el deporte

Desde el despacho Ius & Lex esperamos que el contenido vertido sea de utilidad para el lector, siendo conocedores de que éste no es todo lo exhaustivo que nos gustaría. La buena noticia es que en el compromiso adquirido por el despacho con la formación y una mayor información al público, todos estos tipos penales serán analizados exhaustivamente en sendos artículos que se irán publicando en la página. ¡No os lo perdáis!

Información y fuentes de interés:

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