Delitos contra la Propiedad Industrial

Nuestro vigente Código Penal incluye la tipificación como delitos de conductas que lesionen derechos de Propiedad Industrial, siendo estos últimos definidos como un conjunto de derechos exclusivos que protegen la actividad innovadora, es decir, principalmente, las patentes y modelos de utilidad y las formas estéticas aplicadas a la industria (diseño industrial) así como la actividad mercantil y en concreto la protección de los signos distintivos con los que los empresarios actúan en el mercado (marca y nombre comercial).

Los artículos relativos a los delitos contra la Propiedad Industrial se encuentran recopilados en el Título XIII del Libro Segundo del vigente Código Penal, y dentro de este, en la la Sección segunda del Capítulo XI, es decir artículos 273 a 277, los cuales sancionan diferentes infracciones, ordenadas por el tipo de derecho objeto de infracción y por la gravedad de la conducta y consecuente graduación de las penas previstas.

¿Qué derechos protegen los artículos relativos a los delitos contra la Propiedad Industrial?

El artículo 273 del Código Penal sanciona las vulneraciones de patentes y modelos de utilidad, así como dibujos industriales o artísticos o topografías de productos semiconductores. En relación con dicho precepto, el artículo 277 concretamente sanciona el supuesto específico de la infracción de patentes secretas en perjuicio de la defensa nacional.

Por su parte, el artículo 274 protege en primer lugar los derechos registrados conforme a la legislación de marcas, es decir, marcas y nombres comerciales. En su último apartado, también regula la tipificación de infracciones de obtenciones vegetales y variedades vegetales protegidas.

En último término, el artículo 275 sanciona las infracciones de las denominaciones de origen, así como de las indicaciones geográficas protegidas.

¿En qué consisten los derechos de Propiedad Industrial protegidos por la Legislación Penal española?

La marca es posiblemente el derecho de Propiedad Industrial más conocido por el público en general por su común uso en el tráfico económico y su importancia para la regulación del mercado. Se trata de un signo distintivo susceptible de representación gráfica, cuya distintividad conlleva que pueda identificar y diferenciar, frente al público consumidor, los productos o servicios ofertados por un operador concreto del mercado frente al resto de productos o servicios ofrecidos por sus competidores. Como derecho de Propiedad Industrial más extendido, la mayoría de los delitos contra la Propiedad Industrial tienen como objeto la vulneración de una o varias marcas.

Junto a la marca, el otro signo distintivo protegido en el Código Penal es el nombre comercial, que puede definirse como un signo susceptible de representación gráfica que, igualmente por medio de su carácter distintivo, logra identificar y diferenciar a un empresario del resto de operadores del mercado con los que aquel compite.

La patente constituye un título oficial que otorga un derecho de propiedad sobre una invención susceptible de aplicación industrial, consiguiendo así el titular de dicha invención la protección del ordenamiento para explotar en exclusiva su invento durante el periodo de duración de la vigencia de este derecho.

Por su parte, otro derecho protegido en los artículos relativos a los delitos contra la Propiedad Industrial es el modelo de utilidad, elemento legal propio de nuestro derecho sin equivalentes en ordenamientos de nuestro entorno y definido de forma breve como una invención “menor” que tiene como objeto invenciones de producto pues es necesario que dicha invención se plasme sobre un objeto cuya estructura tenga una forma novedosa.

En cuanto a un diseño industrial, nos encontramos con otro derecho de naturaleza registral (se constituye y se ejerce sólo previo registro por los cauces legalmente establecidos) consistente en la apariencia de un objeto o producto que tengan utilidad y que sean representados ya sea de forma tridimensional o bidimensional.

Sujetos activos en los delitos contra la Propiedad Industrial.

Tanto las personas físicas como las personas jurídicas pueden ser autores de hechos constitutivos de un delito contra la Propiedad Industrial si vulneran alguno de las modalidades de derechos anteriormente expuestos.

Habrá que determinar caso por caso si los actos objeto de delito deben incardinarse dentro de los supuestos imputables a la persona jurídica (cuando los hechos se lleven a cabo en el seno de una empresa) o si, por el contrario, la conducta delictiva debe imputarse directamente a alguna de las personas físicas que por cualquier vínculo (societario, laboral, contractual, etc.) están relacionadas con la empresa en cuyo marco se producen los hechos tipificados.

¿Cuál es el bien jurídico protegido en los delitos contra la Propiedad Industrial?

De acuerdo con la corriente mayoritaria de la jurisprudencia de nuestro país, el bien jurídico protegido en los delitos contra la Propiedad Industrial es el derecho exclusivo de uso y explotación del titular del derecho sobre su título debidamente registrado, sea la modalidad que sea (marca, patente, etc.).

Como elementos protectores de la actividad, imagen o invenciones de los empresarios en el marco de su actividad en el mercado, los derechos de Propiedad Industrial tienen una clara naturaleza patrimonial, siendo los derechos de Propiedad Industrial títulos que se obtienen mediante una cierta inversión (asesoramiento profesional, tasas de registro, etc.) por lo que su infracción incide de forma directa de forma negativa en la economía de los titulares.

Algunas resoluciones judiciales, de carácter minoritario, consideran que estos delitos protegen también los derechos de los consumidores. Es evidente que la tipificación de los delitos contra la Propiedad Industrial dispensa una protección indirecta a los consumidores, pues garantizan la correcta identificación en el mercado de los operadores, así como de sus productos y servicios, pero es igualmente notorio que los principales sujetos objeto de protección son los titulares de los propios derechos registrados. Es más, el hecho de que los delitos contra la Propiedad Industrial se encuentren incluidos en una sección diferente a los delitos relativos al mercado y los consumidores denota la intención del Legislador de diferenciar ambas cuestiones, siendo estos últimos tipos penales los previstos para regular de forma genérica el correcto funcionamiento del mercado en su conjunto.

Como consecuencia de lo anterior, la jurisprudencia mayoritaria considera los delitos contra la Propiedad Industrial como delitos de mera actividad, siendo punibles los hechos con la realización de los actos tipificados, sin necesidad de que el consumidor sea efectivamente engañado con respecto a la verdadera naturaleza u origen de los objetos o servicios infractores.

Elementos objetivos de los delitos contra la Propiedad Industrial.

Los derechos amparados por los delitos contra la Propiedad Industrial deben ser derechos debidamente registrados de acuerdo con la normativa de aplicación según el tipo derecho de que se trate en cada caso (marca, patentes, etc.).

La actuación del infractor debe estar revestida de una intención comercial o industrial. Las concretas condutas tipificadas varían según el derecho objeto de infracción, pero puede resumirse en actos de uso, explotación, fabricación, importación, comercialización, etc. de objetos o servicios amparados por el derecho válidamente registrado.

Por último, se exige que la actuación del infractor no se encuentre amprada por el consentimiento del titular del derecho de Propiedad Industrial en liza.

Elementos subjetivos en los delitos contra la Propiedad Industrial.

Se exige que la comisión de los hechos enjuiciados tenga carácter doloso, incluyendo dicho dolo el conocimiento por parte del infractor del hecho de que el derecho vulnerado se encuentre debidamente registrado.

Como elemento subjetivo, la prueba al respecto puede resultar en ocasiones de complicada acreditación, bastando por ejemplo un previo requerimiento del titular del derecho vulnerado al infractor para acreditar que conocía previamente la existencia de ese derecho válidamente constituido y que, aún así, continuó su indebida explotación. En materia de marcas, la notoriedad o renombre de un signo distintivo puede suponer la presunción de que el infractor conocía de su existencia cuando llevó a cabo los hechos objeto de delito.

Penas previstas para los autores de delitos contra la Propiedad Industrial.

La infracción de patentes y modelos o dibujos industriales o artísticos o topografías de un producto semiconductor, previstas y penadas en el artículo 273 del Código penal, se encuentran sancionadas con penas de 6 meses a 2 años de prisión y multas de 12 a 24 meses.

El artículo 274, relativo a las infracciones de marcas y nombres comerciales, prevé penas de prisión de 1 a 4 años y multas de 12 a 24 meses para los infractores de estos derechos cuando se trata de conductas más significativas en el mercado, es decir, supuestos de fabricación, importación o venta al por mayor. La prestación de servicios o actos en el comercio minorista que infrinjan marcas o nombres comerciales se encuentran sancionados con penas de 6 meses a 3 años de prisión, mientras que la venta ambulante u ocasional de productos infractores conlleva penas de prisión de 6 meses a 2 años o incluso, en supuestos especiales, penas de multa de 1 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad.

El último apartado del artículo 274 prevé penas de 1 a 3 años para actos infractores de obtenciones vegetales o variedades vegetales protegidas. Las mismas penas se prevén imponer a aquellos que, sin autorización para ello haga uso en el tráfico económico de una denominación de origen o una indicación geográfica representativa de una calidad determinada legalmente protegidas.

Se ha previsto un tipo agravado de estos delitos en el artículo 276 del Código Penal, el cual impone penas de prisión de 2 a 6 años, multas de 18 a 36 meses y la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un período de 2 a 5 años para una serie de supuestos tasados, consistentes en:

– 1.- Casos en los que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener por los infractores posea especial trascendencia económica.

– 2.- Hechos que revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los objetos producidos ilícitamente, distribuidos, comercializados u ofrecidos, o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.

– 3.- Procedimientos en los que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad industrial.

– 4.- Cuando los infractores utilicen a menores de 18 años para cometer estos delitos.

Finalmente, los casos de divulgación de invención objeto de una patente secreta, cuando concurra un perjuicio para la defensa nacional, serán castigados, de acuerdo con el artículo 277 del Código Penal, con penas de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 24 meses.

Cuantificación de los daños y perjuicios derivados de los delitos contra la Propiedad Industrial.

Los delitos contra la Propiedad Industrial tienen como objeto la protección de derechos que cuentan con una legislación propia y específica que concretamente regula, entre otras cuestiones, los modos de cuantificar los daños y perjuicios irrogados al titular de los derechos vulnerados. En lo que respecta a la Ley de Marcas, cuenta en su artículo 43 con un detallado sistema de cuantificación de daños, ofreciendo a la víctima del delito un abanico de criterios igualmente válidos para cuantificar los daños causados por el infractor.

En primer lugar, dicho precepto dispone que estas infracciones generan una obligación de compensar no sólo por las pérdidas sufridas sino por las ganancias dejadas de obtener, así como por el daño al prestigio de la marca. También se podrá incluir en la cuantificación los costes de investigación necesarios para perseguir la infracción ante los Tribunales.

El perjudicado podrá elegir entre cuantificar como importe de daños y perjuicios, bien las consecuencias económicas negativas para la víctima (incluyendo como hemos dicho las ganancias dejadas de obtener) o bien los beneficios obtenidos por el infractor. Dado que nos encontramos ante actividades ilícitas por las que rara vez el infractor recoge una debida contabilidad, es común amprarse en el primero de los criterios, calculando el beneficio que habría obtenido el titular de la marca con la venta de los productos / servicios si se hubiese tratado de productos / servicios lícitamente comercializados por el titular del derecho infringido.

Por último, se dispone el criterio de la licencia hipotética, es decir, la opción del titular del signo infringido de reclamar una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

Fuentes e información de interés:

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