Delitos contra la Propiedad Intelectual

Los artículos 270 al 272, ambos incluidos, de nuestro vigente Código Penal (Sección 1ª del Capítulo XI del Título XIII, Libro Segundo) sancionan los delitos cometidos contra los derechos de Propiedad Intelectual titularidad de creadores de obras protegidas.

¿Qué se entiende legalmente por Propiedad Intelectual?

En España, el concepto de Propiedad Intelectual define los derechos sobre las creaciones, en concreto, aquellos derechos de carácter personal y patrimonial que se le atribuyen al autor de obras para el ejercicio de su titularidad y explotación. Así, este tipo de derechos atañen las creaciones artísticas o del espíritu que se caracterizan por ser únicas y no fabricadas en serie o industrialmente (con independencia de que luego se plasmen por métodos industriales en un gran número de soportes físicos tales como soportes de audio, ejemplares de libros, etc.).

En nuestro ordenamiento, la Propiedad Intelectual difiere del concepto de Propiedad Industrial, que tiene como objeto la protección de creaciones relacionadas con la industria, es decir, marcas, nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad, etc.

Es importante la distinción de los términos, especialmente en la esfera internacional ya que, por ejemplo, en Derecho Anglosajón, el concepto de Intellectual Property (Propiedad Intelectual) engloba tanto lo que en España se conoce como Propiedad Industrial como los derechos de autor (lo que, como hemos visto, en España se entiende como Propiedad Intelectual en sentido estricto).

¿Qué obras gozan en España de protección en base a la legislación relativa a la Propiedad Intelectual?  

El objeto de protección de los delitos relativos a la Propiedad Intelectual se define, en sede penal, como las obras o prestaciones literarias, artísticas o científicas.

Para una amplia definición y conocimiento de lo que se puede entender por una obra literaria, artística o científica hemos de acudir al Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Dicha norma aporta un listado de una serie de creaciones que en cualquier caso darán lugar a la protección derivada de la legislación en materia de Propiedad Intelectual, como son los libros, conferencias, composiciones musicales, obras teatrales, obras cinematográficas, esculturas, pinturas o los programas de ordenador, por poner algunos ejemplos.

A los autores de este tipo de obras les corresponden la titularidad de los derechos de autor sobre las mismas, derechos que en nuestro ordenamiento se dividen entre aquellos de carácter moral y los que tienen un objeto patrimonial. Los primeros comprenden el fundamental derecho de atribución, que no es otro que el reconocimiento de la autoría de una obra. En el mismo sentido, son derechos morales el derecho de divulgación de la obra o el de exigir la integridad de la misma, entre otros. Por otra parte, los derechos patrimoniales son aquellos que permiten que el autor obtenga un rendimiento económico de la explotación de su obra, por medio de su reproducción, distribución, comunicación pública o transformación.

Con el fin de proteger las infracciones más graves de estos derechos, el legislador ha dispuesto una serie de ilícitos que serán sancionados en el marco de la jurisdicción penal.

¿Cuándo nace el derecho de autor y accede este a la protección por la Jurisdicción penal?

Los derechos de autor se adquieren por la mera creación de la obra, sin que se requiera registro de esta para que se hagan efectivos los derechos morales y patrimoniales titularidad del autor. La inscripción de una obra en el Registro de la Propiedad Intelectual es por lo tanto potestativa. Sin embargo, el acceso al registro constituye una prueba cualificada de la autoría, por lo que el acceso de la obra a la constancia registral puede ser relevante.

En este sentido, los derechos de autor difieren de la Propiedad Industrial (patentes, marcas, etc.) que sí requieren el registro ante los organismos competentes para su validez, teniendo así en estos casos el registro carácter constitutivo en contraposición al potestativo de los derechos de autor.

Sujetos activos y pasivos en los delitos contra la Propiedad Intelectual.  

El sujeto activo puede ser cualquiera que lleva a cabo alguno de los hechos tipificados. No podrá ser evidentemente sujeto activo y autor del delito el autor de la obra en cuestión que ocupará siempre la posición del sujeto pasivo del delito contra la Propiedad Intelectual.

En relación con esta cuestión, hay que recordar que una persona jurídica puede ser autor de un delito contra la Propiedad Intelectual, en cuyo caso de aplicarán las normas contenidas en el artículo 288 del Código Penal.

¿Cuál es el bien jurídico protegido en los delitos contra la Propiedad Intelectual?

El bien jurídico protegido en los delitos contra la Propiedad Intelectual es el derecho complejo anteriormente definido, que comprende tanto los derechos morales como patrimoniales inherentes a la autoría de una obra literaria, artística o científica.

Elementos objetivos de los delitos contra la Propiedad Intelectual.  

El tipo básico del delito contra la Propiedad Intelectual previsto en el artículo 270.1 del Código Penal define como conductas típicas la reproducción, plagio, distribución, comunicación pública o explotación económica de cualquier modalidad de una obra o prestación literaria, artística o científica, de la transformación, interpretación o ejecución artística de aquella que se encuentre fijada en cualquier tipo de soporte. Se requiere que dichas conductas se realicen con ausencia de autorización del titular de los derechos vulnerados o sus cesionarios.

El Código Penal presta especial y expresa atención a los delitos cometidos en el marco de internet, dada la enorme incidencia de este medio en las conductas infractoras de los derechos de autor. En concreto, el apartado 2 del artículo 270, sanciona al que, en la prestación de servicios de la sociedad de la información facilite de modo activo el acceso a la localización en internet de obras artísticas, literarias o científicas y, en particular, cuando se ofrezcan listados ordenados y clasificados para acceder a dichas obras. El ejemplo más común de este tipo de conductas es la puesta a disposición del público de páginas web de descargas de obras de cualquier tipo sin autorización de sus legítimos titulares.

Como elemento de especial utilidad para los que ejerciten acciones penales en defensa de sus derechos de autor, el Código Penal, en el apartado 3 del citado artículo 270 prevé una serie de aspectos prácticos de actuación frente a estas conductas. Así, se dispone que el Tribunal competente para conocer de la infracción en sede penal pueda ordenar la retirada de las obras o prestaciones objeto de infracción. Especialmente, se prevé que, cuando a través de un portal de acceso a internet o servicio de la sociedad de la información se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos objeto de la Propiedad Intelectual a que se refieren los apartados anteriores, se podrá ordenar la interrupción de la prestación de este, pudiendo en ese caso el Juez acordar cualquier medida cautelar que tenga por objeto la protección de los derechos de Propiedad Intelectual vulnerados. Asimismo, en caso de reiteración en las conductas delictivas, el Juez podrá ordenar el bloqueo de acceso correspondiente a la página web.

Con ánimo de exhaustividad, el legislador incluyó una serie de conductas específicas también punibles, como son las previstas en el apartado 5 del artículo 270. Dichas conductas objeto de sanción son la importación, exportación o almacenamiento de ejemplares, producciones o ejecuciones de las obras protegidas sin la autorización de su titular, siempre que el destino de las obras sea su reproducción, distribución o comunicación pública. El problema en estos supuestos es la prueba del destino de esos bienes. Dado que el comercio de copias ilícitas de obras protegidas, como toda actividad delictiva, nunca va acompañado de un registro contable o comercial que permita trazar el origen y destino de los productos en cuestión, los Tribunales pueden (según las circunstancias del caso) hacer uso de la prueba indiciaria basada en presunciones evidentes tales como, por ejemplo, que cuando la importación, exportación o almacenamiento tienen por objeto un gran número de ejemplares de una obra, se entenderá que estas no tendrán como destino un uso particular sino un uso comercial.

Como excepción a la sanción de la importación, cuando esta conducta afecte a productos provenientes de un Estado miembro de la Unión Europea, la misma no será punible cuando aquellos productos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos en dicho Estado, o con su consentimiento.

Adicionalmente, queda sancionada la eliminación o modificación, sin autorización de los titulares de los derechos de Propiedad Intelectual o de sus cesionarios, de las medidas tecnológicas eficaces incorporadas productos objeto de protección con la finalidad de impedir o restringir el acceso ilícito a los mismos.

La venta ambulante o meramente ocasional de obras literarias, artísticas o científicas también se encuentra sancionada, si bien con penas inferiores al resto de conductas.

Elementos subjetivos en los delitos contra la Propiedad Intelectual.  

Como elemento subjetivo del tipo penal, se exige que se cometa de forma dolosa, en el sentido de que se realice con un ánimo de obtener un beneficio económico, ya sea directo o indirecto, así que como que la conducta ilícita se haga en perjuicio de tercero.

Penas previstas para los autores de delitos contra la Propiedad Intelectual.  

El tipo básico previsto en el artículo 270 del Código Penal ya mencionado contiene la previsión de que, por las conductas constructivas del delito contra la Propiedad Intelectual, se imponga una pena de prisión de 6 meses a 4 años, así como multa de 12 a 24 meses.

El tipo atenuado consistente en la venta ambulante u ocasional se encuentra penado con prisión de 6 meses a 2 años. Incluso, cuando las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico producido a través de la infracción lo permitan, el Juez tiene la posibilidad de imponer una pena de multa de 1 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días.

En el mismo sentido, se prevén penas más bajas que las del tipo básico, en concreto de 6 meses a 3 años de prisión para quien fabrique, importe, ponga en circulación o posea con una finalidad comercial cualquier medio destinado a suprimir o neutralización cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquier obra protegida.

Finalmente, se dispone un tipo agravado por el cual, en determinados supuestos, la pena de prisión será de 2 a 6 años, la multa de 18 a 36 meses junto con la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido de 2 a 5 años. En concreto, dichas penas se impondrán cuando el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial trascendencia económica, cuando los hechos revistan especial gravedad, atendiendo el valor de los objetos producidos ilícitamente, el número de obras, o de la transformación, ejecución o interpretación de las mismas, ilícitamente reproducidas, distribuidas, comunicadas al público o puestas a su disposición, o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados. También se aplicará dicho tipo agravado cuando el culpable pertenezca a una organización criminal o cuando se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos.

Cuantificación de los daños y perjuicios derivados de los delitos contra la Propiedad Intelectual.

El artículo 272 del Código Penal se remite a la legislación especial en la materia para la determinación de la responsabilidad civil derivada de un delito contra la Propiedad Intelectual. En concreto, el precepto que debe determinar la cuantía correspondiente a los daños y perjuicios causados por una infracción de derechos de autor es el artículo 140 de la Ley de Propiedad Intelectual, según el cual, la indemnización comprende, además del valor de la pérdida sufrida por el titular del derecho, la ganancia dejada de obtener por aquel, junto con los gastos necesarios para llevar a cabo la investigación relativa a la infracción.

Por último, el Juez podrá ordenar que la sentencia que se dicte en el proceso penal se publique en un periódico oficial.

Fuentes e información de interés:

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